Por: Oscar Flores - El Economista
En la antesala de la revisión paritaria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) programada para este 2026, la atención mediática suele concentrarse en las reglas de origen de la industria automotriz, las disputas energéticas o las cuotas agroalimentarias. Sin embargo, para quienes analizamos la intersección entre la política pública, la economía y los sistemas de salud, resulta evidente que uno de los frentes más complejos y estratégicos de esta renegociación se librará en el terreno de la salud pública, la propiedad intelectual y la certidumbre regulatoria.
El sector de insumos para la salud —medicamentos, dispositivos médicos, biotecnología y dispositivos médicos— ha dejado de ser un asunto de administración sanitaria estrictamente doméstica para consolidarse como un pilar geoeconómico. En este escenario, México enfrenta el desafío mayúsculo de alinear su estrategia de eficiencia presupuestal y acceso a la salud, con los compromisos ineludibles de un tratado comercial de semejante impacto.
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