Samuel García - El Sol de México
La salud no admite improvisaciones: o se construye bien, o se paga caro.
El anuncio del Servicio Universal de Salud de la presidenta Claudia Sheinbaum apunta en la dirección correcta. En un país profundamente desigual, donde enfermarse puede significar endeudarse o empobrecerse, avanzar hacia la cobertura universal es indispensable. Pero también será una de las políticas públicas más complejas de ejecutar por la fragmentación del sistema, los escasos recursos y los incentivos a la informalidad. La diferencia entre un legado y un fracaso costoso estará en el diseño y la disciplina de ejecución.
La apuesta es ambiciosa: que cualquier mexicano pueda atenderse en IMSS, IMSS-Bienestar o ISSSTE, sin importar su afiliación. Para lograrlo, se plantea una credencial única, bases de datos compartidas y una app que facilite el acceso y la operación. El despliegue será gradual: en 2027 arrancará el intercambio de servicios -urgencias, partos de riesgo, infartos, cáncer, vacunación y continuidad de tratamientos- y hacia 2028 se buscará universalizar recetas, especialidades y hospitalización referida. Integrar un sistema fragmentado es, sin duda, el camino correcto.
El anuncio llega con rezagos acumulados. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) la población sin afiliación casi se duplicó entre 2018 y 2024, al pasar de 22.2 a 47.7 millones. Es decir, más mexicanos quedaron fuera del sistema. A ello se suma un sistema fragmentado -IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, etcétera- que ofrece distintos niveles de acceso y calidad según el tipo de empleo o ingreso.
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