Carlos Ramírez - El Independiente
Sin darle muchas vueltas al asunto, la reforma electoral AMLO-CSP-Morena es una receta que garantiza el conflicto poselectoral en las votaciones legislativas y de gobernadores de junio de 2027 y desde luego en las presidenciales de 2030.
Salida del activismo político-electoral López Obrador con actos de protesta callejeras que arrinconaron al gobierno priista de Miguel de la Madrid en las elecciones presidenciales de 1988 y las locales de Tabasco de 1988 y 1994, la propuesta del bloque dominante transexenal no se nutre del espíritu de discurso democrático de esos años, sino que más bien tiene sus parecidos casi calcados de las reformas amañadas a las estructuras electorales de Reyes-Heroles-López Portillo, Salinas-Zedillo-Woldenberg, Calderón Peña-Pacto por México del PRIAN-Córdova.
Los adelantos que se conocen de la reforma electoral 2026 no ocultan –porque tampoco les preocupa esconderlo– el tinte verticalista y excluyente del enfoque personal de López Obrador de procesos electorales que se ajusten a las necesidades del enfoque populista de Morena –inclusive, desdramatizando el concepto populista que se ha desprestigiado de los movimientos de Hugo Chávez a la fecha– y la argumentación falaz de ahorrar dinero público en elecciones.
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