Mario Maldonado - Sonora Presente
Donald Trump revivió las amenazas de imponer aranceles si México no cumple de inmediato con la entrega de agua a Estados Unidos bajo el Tratado de 1944. La presión llega en el momento en que el Congreso aprobó, en fast track y en medio de protestas del sector primario, dos reformas que reconfiguran por completo las reglas de la distribución del agua del país. La nueva Ley General de Aguas y los cambios a la Ley de Aguas Nacionales recentralizan el control del recurso en manos del gobierno federal y buscan desmantelar décadas de discrecionalidad, mercado negro y acaparamiento privado.
La dimensión del problema interno explica por qué la amenaza de Trump caló tan profundo. Hoy existen entre 514 mil y 537 mil concesiones de aguas nacionales vigentes, pero el dato clave es la concentración: el 70% del volumen está en manos del 7% de los concesionarios. Investigadores de la Ibero y Agua Para Todos identifican a unas 3 mil grandes cuentas privadas como las principales acaparadoras del recurso.
Detrás de esas cifras están actores industriales que moldearon por décadas el acceso al agua en México, desde agroindustrias con megapozos; inmobiliarias que transformaron permisos agrícolas en fraccionamientos; mineras de alto impacto hídrico como Grupo México; embotelladoras como Coca-Cola FEMSA —vinculada a la matriz estadounidense—; papeleras como Kimberly-Clark de México, ligada a Kimberly-Clark Corporation; y procesadoras de alimentos como Bachoco, Lala y Herdez.
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