León Bendesky - Periódico La Jornada
Las reformas laborales que entrarán en vigor en 2026 en cuanto al aumento del salario mínimo y, a partir de 2027, a la disminución progresiva de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas en 2030, tienen un significado político, social y económico. Cada una puede tratarse de modo independiente, aunque estén estrechamente relacionadas. Aquí señalo algunas cuestiones que atañen a la economía. No se cuestiona la pertinencia de estas reformas y lo que ellas representan en términos sociales. De lo que se trata es de atender las repercusiones de tales medidas, puesto que las hay para las familias, las empresas y el gobierno. El efecto no puede ser neutro.
Una de estas cuestiones tiene que ver con el impacto del aumento salarial sobre los precios. La relación entre el salario y la inflación es un asunto controvertido. En este sentido hay que distinguir entre el efecto de una sola vez que tiene el alza salarial sobre el crecimiento de los precios, y que no provoca un aumento sostenido, lo que se conoce como una “espiral de precios”. Aunque existe el riesgo inflacionario en caso de que el entorno de las expectativas económicas y políticas se degrade.

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