- Las políticas fiscales y la reforma judicial generan incertidumbre, congelan liquidez y eliminan defensas legales, creando un entorno hostil que inhibe la inversión nacional y extranjera, pese a intentos recientes de cambio.
Por: Jorge A. Castañeda Morales - El Economista
Se acabó el año y los malos resultados económicos —no hay que engañarse: un crecimiento de 0.3% no es un buen año— parecen estar alcanzando a la administración de la presidenta Sheinbaum. El estancamiento crónico de la economía y el colapso de la inversión finalmente hicieron sonar las alarmas en Palacio Nacional.
Desde la reunión sostenida hace un par de semanas con algunos de los principales empresarios del país, así como las diversas acciones de la Presidencia, se nota un posible cambio de actitud orientado a promover la inversión, tanto nacional como extranjera. No parece tratarse solo de voluntad: en las últimas semanas se han detonado esfuerzos para acelerar las inversiones en el país. Como se repite en distintos foros, los fundamentales de la economía están ahí: un país grande, con finanzas públicas que a la distancia parecen sanas —aunque el problema es mayor de lo que queremos aceptar—, junto al mercado más grande del mundo, acceso preferencial para nuestras mercancías e infraestructura adecuada.
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