Pensiones doradas

Por: Federico Rubli Kaiser - El Economista

Ya López Obrador había embestido contra las llamadas “pensiones doradas” de varios funcionarios públicos de la “época del neoliberalismo”. Las calificó como pensiones excesivas y privilegiadas, muchas de ellas otorgadas por decisiones políticas discrecionales pasando por encima de las reglas de edad, años de servicio y prestaciones legales. Evidentemente sí hubo casos abusivos donde se aprobaron bajo condiciones éticamente cuestionables para favorecer a ciertos funcionarios. Típicamente ese ha sido el caso en las empresas públicas como PEMEX, CFE, CLyFC, el llamado régimen RJP del IMSS y entidades de la Banca de Desarrollo. No se defiende que sigan existiendo las “pensiones doradas”. Pero de lo que se trata es de establecer reglas claras, transparentes, inamovibles y homogéneas.

Claudia Sheinbaum ha retomado el cuestionamiento a las “pensiones doradas”, lo cual, en principio, parece razonable para eliminar privilegios y que las condiciones de los regímenes de pensiones públicas sean más equitativas. Pero, una vez más, yerra en la forma y la retórica. Emplea la narrativa de que su existencia “es injusta e ilegal”. Utiliza el ejemplo, que también AMLO usó, de un exsecretario de Hacienda que tiene dos pensiones elevadas de dos bancas de desarrollo donde fue titular sólo por unos años. Además, tiene pensión del ISSSTE. Es un mal ejemplo, porque en su caso, simplemente se apegó a lo establecido como una regla. Además, si cumple con los requisitos establecidos, cualquier persona puede tener el número de pensiones a las que legalmente tenga derecho.

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