Raymundo Riva Palacio - Sonora Presente
Un secretario de Estado, cuatro directores de la Agencia Nacional Aduanera, un general, un vicealmirante y un contralmirante, 10 funcionarios y siete empresas realizaron, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mayor saqueo jamás realizado a la nación: el contrabando de combustible. Y todos, salvo uno, están libres –o bajo proceso–, y ninguno de los más altos mandos involucrados tiene carpetas de investigación abiertas. El encubrimiento es insultante; la impunidad, total.
Durante al menos cinco años, revela una investigación de Alejandro Melgoza y Williams Castañeda, de la Unidad de Periodismo de Investigación de N+ Focus, empresarios, funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas traficaron millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México a través de una red criminal operada por ocho empresas, tres mandos medios –entre militares, marinos y civiles– y los titulares de seis aduanas, con lo que lograron introducir al menos 31 buques entre 2024 y 2025.
Las figuras más importantes que cubrieron esa compleja red de corrupción en las aduanas, y que permanecen judicialmente blindadas, son: el exsecretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda, que vive en un condominio de 15 millones de pesos en Cancún; Rafael Marín Mollinedo, dos veces director de la Agencia Nacional de Aduanas en los dos gobiernos obradoristas; los otros tres extitulares: Horacio Duarte, secretario general de Gobierno en Estado de México; Ricardo Peralta, representante del gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México, y el general retirado André Foullon.
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