Mario Maldonado - Sonora Presente
Hace una semana, la presidenta Claudia Sheinbaum y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, reconocieron que el crudo mexicano enfrenta un problema de exceso de agua y salinidad. “Es algo que es normal no solo en Pemex, sino en muchísimas petroleras del mundo. Es coyuntural y además hay manera de resolverlo. Hay mecanismos técnicos que permiten quitarle la salinidad y que puedan entrar a cualquier refinería”, dijo tajante la jefa del Ejecutivo federal.
Lo que no se dijo es que esta crisis –que no es tan “normal”– es consecuencia de una disputa legal gestada en medio de la falta de pagos a proveedores y contratistas, y en la que ha participado activamente la Dirección Jurídica de Pemex para alterar la estructura del consorcio encargado de la desalinización y deshidratación del crudo en la Terminal Marítima Dos Bocas.
El conflicto estalló en diciembre de 2024, cuando QMAX, una empresa con funciones meramente administrativas dentro del consorcio, emprendió una ofensiva legal contra Química Apollo, líder del servicio desde la firma del Acuerdo Referencial (ACREF).
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