Guillermo knochenhauer / El Financiero
La propuesta de reforma energética
que mandó el Presidente Peña Nieto a la Cámara de Senadores el 12 de
agosto sería más honesta si se planteara como la apertura de actividades
reservadas al Estado a negocios particulares.
En vez de la franqueza, se alardea de que su objetivo es alcanzar un “modelo de desarrollo generador de progreso sustentable para su población”. La iniciativa ni define en qué consiste ese modelo, ni ofrece elemento alguno para inferirlo.
Todo se reduce a modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución con tres propósitos: eliminar la prohibición de que el Estado
contrate a particulares para explorar y extraer hidrocarburos del
subsuelo. Esa prohibición la impuso el gobierno de Adolfo López Mateos
ante la rampante corrupción generada desde el alemanismo.
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