Luis Javier Cortés Adame - Nexos
A Patricia le diagnosticaron cáncer de mama cuando tenía 52 años. Vivía en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Vendía ropa por catálogo y ayudaba a su esposo en un puesto de comida; entre los dos juntaban ingresos que los colocaban en el segundo decil de la población mexicana, el 20 % con menos recursos del país. No tenían un empleo formal que les diera acceso al IMSS o al ISSSTE. Como 61 % de las personas en ese decil, estaban afiliados al Seguro Popular.
Cuando el Hospital General La Perla Nezahualcóyotl confirmó su diagnóstico, Patricia fue referida a Fucam, en Ciudad de México, una institución privada sin fines de lucro que ofrece tratamiento integral y seguimiento especializado para el cáncer de mama. Ahí podía recibir la atención que necesitaba. Para cualquier familia, el cáncer puede significar miedo, incertidumbre y meses de tratamiento. Incluso un hogar de los deciles más altos puede enfrentar gastos duros de sostener. Para una familia con pocos recursos, esa presión puede obligarla a vender parte de su patrimonio, pedir dinero prestado, dejar de trabajar o elegir entre comprar medicamentos y pagar los gastos de la casa. Pero en el caso de Patricia había una pregunta adicional: ¿cómo podía una mujer sin seguridad social acceder a un tratamiento especializado en una institución privada?
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