Samuel García - El Sol de México
El escándalo de corrupción en el INE, que precipitó la salida de Guadalupe Taddei, exhibe la fragilidad institucional agravada por decisiones políticas que concentran el poder y desmontan contrapesos. Su costo trasciende el dinero público, erosiona la confianza y desalienta la inversión.
Las investigaciones sobre la gestión de Taddei han puesto al descubierto posibles conflictos de interés, contrataciones irregulares y vínculos entre funcionarios del INE y empresas proveedoras de material electoral cercanos a su entorno.
La magnitud del caso también revela las fallas de vigilancia. Su Órgano Interno de Control reportó 16 investigaciones abiertas entre 2025 y 2026 que involucran a funcionarios, particulares y 18 empresas, aunque su propia actuación también está cuestionada por la eficacia y oportunidad de la vigilancia.
¿Cómo pudo la presidencia del INE acumular semejantes cuestionamientos sin una respuesta institucional oportuna? Hay tres hechos que ayudan a explicarlo.
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