Santiago Carbó / El País
Los resultados de las últimas encuestas sugieren un cambio
importante en las intenciones de voto en España en el que la corrupción
es un factor de mucho peso. Los esfuerzos para su corrección han sido
infructuosos. Ni las leyes de transparencia ni las de enjuiciamiento
criminal han reconducido estas tendencias ni han acelerado,
necesariamente, la purga. Que la corrupción sea el segundo aspecto que
preocupa a los españoles indica una percepción muy deficiente del
funcionamiento de la política. El mayor error que podría producirse
ahora es considerar que el principal impacto de estos problemas es
electoral. Sus efectos de largo plazo en la economía son como los de una
plaga que se extiende por las cañerías de los mecanismos de inversión,
reduce la confianza externa y daña seriamente los incentivos al
esfuerzo. Los ciudadanos no deben caer en la trampa de pensar que lo que
la corrupción les ha robado es lo que necesitan para salir de la crisis
pero tienen todo el derecho a reclamar que esto acabe porque la
austeridad se digiere mal cuando desde arriba algunos se lo llevan
crudo.
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