Gemma Galdon Clavell / El País
Hace unas semanas se
anunciaba en el Congreso la aprobación del nuevo proyecto de ley de seguridad
privada, que pretende superar las “lagunas y carencias” de aquella y “permitir
seguir evolucionando” al sector de la seguridad privada. Ayer mismo el PP
presentó unas enmiendas a su propia ley que anulan algunos de sus artículos más
controvertidos, como la posibilidad de que los vigilantes de seguridad privada
patrullen por espacios públicos, pero el resto del texto sigue mereciendo un
debate profundo sobre las prioridades públicas y la eficiencia en la
administración de recursos.
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