Rosa Montero / El País
Voy a contar tres historias ejemplares. La primera es la de
Yolanda Sánchez, de 38 años, que en 2010 pidió un crédito de 4.000 euros a
Unicaja. Yolanda trabajaba y tenía nómina, pero para que se lo concedieran le
tuvo que avalar su madre con la pensión. La chica fue pagando hasta que perdió
el empleo. Intentó que le redujeran las cuotas y llegar a un acuerdo, pero no
le dieron ninguna facilidad. En agosto de 2012 le dijeron que, de no pagar,
embargarían la pensión y la casa de la madre. Desesperada, abrió un evento de
Facebook contando su caso y logró reunir el dinero. Hace cinco días se le
notificó que el crédito estaba saldado, pero que el procedimiento no se cerraba
porque ahora tiene que abonar 1.087 euros, que es la minuta del abogado de
Unicaja. Yolanda, que no tiene ingresos, ha vuelto a hundirse en una pesadilla
sin salida.
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