¿Puede quebrar un
banco? ¿Debe rescatarse siempre cualquier entidad financiera con dinero
público? Esas cuestiones planean sobre la política económica internacional
desde la bancarrota de Lehman Brothers. Y han cobrado actualidad de nuevo tras
la crisis de Chipre, resuelta con un rescate en el que se deja quebrar un banco y se imponen pérdidas a los
accionistas, los poseedores de todo tipo deuda (incluida la de máxima calidad,
intocable hasta ahora) e incluso los depositantes de más de 100.000 euros,
después de haber flirteado con castigar también a los de menos de 100.000
euros, asegurados —en teoría— a prueba de bombas. La UE trabaja en una nueva
caja de herramientas para lidiar con futuras crisis bancarias sin recurrir
solamente a los contribuyentes en esa misma línea, aunque con un horizonte
relativamente lejano. Pero los países más fuertes, encabezados por Alemania,
han conseguido que Chipre sea la demostración de que ese será, más temprano que
tarde, el modelo a seguir. Tras las controvertidas declaraciones del presidente del
Eurogrupo, Jeoren
Dijsselbloem, que apuntan en ese sentido, fuentes europeas explican que Berlín,
junto con Gobiernos como el holandés, presiona para acelerar todo lo posible
esa fórmula para resolver crisis financieras.
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