Vania Pérez Morales - El Siglo de Torreón
En México la justicia tiene dos velocidades. Para millones de personas es una fila que no avanza, pues son años de trámites, omisiones y puertas que nunca abrirán. Para Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa y acusado en Estados Unidos de delitos de narcotráfico y armas, se necesitan menos de seis meses entre su ingreso a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la recuperación de sus cuentas, por orden de la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
El 29 de abril de 2026 Estados Unidos hizo pública la acusación contra RochaMoya, el senador Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa; el 18 de mayo la UIF los incorporó a LPB; el 4 de agosto rechazó la solicitud de Rocha Moya para salir de ella; su defensa promovió un juicio de nulidad y la Sala le concedió una suspensión provisional; el 5 de noviembre la UIF desbloqueó parcialmente dos cuentas para que cobre tres pensiones, del ISSSTE, del IMSS y de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue hasta el 13 de noviembre, ocho días después, y solo porque el periodista Arturo Ángel lo reveló un día antes, cuando Hacienda informó de la medida y sin nombrarlo: habló de un “exfuncionario del gobierno de Sinaloa”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario