Julio Agudo - El Economista
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anteriormente se caracterizaba por la deliberación técnica y sobriedad, se ha transformado en una plaza pública dominada por la estridencia, los choques frontales y la pretensión de imponer criterios por la vía de la confrontación política, encarnados paradigmáticamente por la ministra Lenia Batres.
Antes de que fuera adoptado el método de la elección popular de los togados del máximo tribunal de justicia del país, las sesiones del Pleno y de las Salas se concebían como espacios de discusión jurídica formal. El disenso entre ministros se expresaba habitualmente mediante votos particulares o concurrentes de carácter estrictamente técnico-jurídico, donde se debatía el alcance de los derechos humanos, la división de poderes o la supremacía constitucional.
No sólo analistas parlamentarios y jurídicos, sino también amplios sectores de la opinión pública, han sido testigos recurrentes de sesiones donde la argumentación jurídica cede su lugar al reclamo faccioso. Cada vez que la mayoría de los ministros frena un proyecto o invalida una norma -de Batres- por contravenir la Carta Magna, la reacción de la ministra Lenia, quien se autodenomina como “la ministra del pueblo”, no suele ser la réplica sustentada en precedentes o tesis jurisprudenciales, sino la descalificación personal, la etiqueta política y la escenificación del agravio.
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