- Como todos los problemas estructurales, el peso del crimen organizado y su penetración en el tejido social no es un problema que vaya a ser resuelto por un Gobierno o en un sexenio. Se construyó a lo largo de décadas y no hay soluciones mágicas e inmediatas para solucionarlo.
Jorge Zepeda Patterson - SinEmbargo
“Lo matanza en Texcaltitlán puede ser un incidente singular, porque no es usual que una comunidad enfrente a bandas que poseen armas de alto poder”. Foto: Cuartoscuro
El cobro de derecho de piso por parte de una fuerza dominante a una comunidad completa más que una extorsión parecería constituir un impuesto (y nunca mejor utilizada esta palabra). El tributo exigido equivalía a un peso por cada metro cuadrado cultivado por parte de agricultores y una cantidad por mercancía vendida a cada comerciante. La respuesta de la comunidad en contra de sus verdugos terminó en ocho delincuentes ejecutados y, al parecer, tres vecinos fallecidos. Los hechos ocurrieron este viernes en Texcaltitlán, Edomex, a 65 kilómetros de Toluca.
Extorsión a esta escala y justicia por mano propia revelan la fragilidad del Estado mexicano, o la ausencia de este, en algunos bolsones del territorio. Sería absurdo negar que lo que sucede a una hora de Toluca no está ocurriendo en muchos otros sitios peor comunicados y distantes. Las autoridades dirán que es una anomalía, una reminiscencia del estado de cosas heredado de administraciones pasadas; la oposición denunciará que se trata de una muestra fehaciente del fracaso de la estrategia de seguridad pública del Gobierno de la Cuarta Transformación. Las dos cosas son ciertas y, por lo mismo, falsas a la vez. Y mientras sigamos escondiéndonos en visiones partisanas difícilmente saldremos del problema. Minimizarlo para evitar la crítica o endilgar la responsabilidad exclusiva al grupo gobernante es, justamente, una de las razones por la cual nos encontramos en esta crisis.
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