En la antesala para que se autorice a los municipios la posibilidad de recibir recursos públicos –a través de créditos bancarios– para la generación de obra pública, la Secretaría de Finanzas y Planeación reporta una deuda –hasta diciembre del 2018– de 4 mil 405 millones de pesos de las demarcaciones locales.
Una revisión a los datos que son públicos en las dos secretarías revela que los municipios incumplen con su obligación de registro de su deuda pública; y a pesar de los candados de ley, en 2017 incrementaron sus pasivos en mil 500 millones de pesos, al crear Asociaciones Públicas Privadas (APP’s) para la instalación de luminarias, con el aval del Congreso local.
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