- Fuentes del Gabinete federal afirman que la inclusión de la polémica cláusula sobre la retroactividad de la reforma fue una petición de la institución que preside Hugo Aguilar
Zedryk Raziel - Elena San José - México - El País
Por si fuera poco gobernar México, la presidenta, Claudia Sheinbaum, también debe ocuparse de los mil frentes abiertos dentro de su partido, Morena. La reforma a la Ley de Amparo, prioritaria para su Administración, ha trastabillado en el Senado debido a los desacuerdos entre los legisladores oficialistas, los asesores de la mandataria y los ministros de la Suprema Corte. La inclusión in extremis de una polémica cláusula sobre la retroactividad de la ley, que choca abiertamente con la Constitución, obligó a la intervención de la mandataria este jueves, que mostró su inconformidad con el artículo y marcó la ruta para su corrección en la Cámara de Diputados. La reforma a la Ley de Amparo facilita al Gobierno la recaudación y el avance en las obras de infraestructura, además de allanar el terreno para perseguir el dinero del narcotráfico sin tantos palos en las ruedas. El varapalo a este cambio legal impacta de lleno en la agenda de Sheinbaum y recuerda a la controversia por la Ley de Telecomunicaciones, un proyecto presidencial que también fue desvirtuado por el propio oficialismo cuando llegó al Congreso. EL PAÍS reconstruye las pugnas políticas que, sumadas a las críticas de la sociedad civil y los juristas, han puesto en el ojo del huracán uno de los proyectos legales más importantes del sexenio.
Las audiencias públicas celebradas el lunes y el martes habían logrado que las comisiones encargadas de redactar el dictamen final limaran algunos de los aspectos de la propuesta presidencial que más preocupaban a organizaciones y expertos, como la restricción de quién puede alegar un interés legítimo para poner una demanda de amparo, que incluyó finalmente a individuos y colectivos. El resultado final no satisfacía a los críticos pero los encontraba a medio camino. Eso, hasta que el diputado morenista Manuel Huerta planteó una reserva al dictamen que introducía de nuevo un punto desechado previamente en la sesión conjunta de los órganos legislativos, según ha aclarado el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral. El expanista, además, dice haber advertido a lo largo de la jornada del “carácter anticonstitucional” de la redacción reintroducida por Huerta. Este senador ya había maniobrado de manera parecida cuando se discutía la reforma judicial y propuso de último momento un cambio que anulaba el poder de los comités de evaluación de candidatos. Su propuesta fue rechazada.
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