Por periodistasdigitales
Por Arturo Reyes Isidoro/Columna
Se escuchó bien el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Miguel Guillermo Pintos Guillén, quien luego de recibir el informe del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado, que señala un presunto daño patrimonial en el último año del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez por 2 mil 372 millones 867 mil 596 pesos, dijo que no se protegerá a nadie. “Nosotros vamos por la transparencia y la rendición de cuentas, ese es nuestro objetivo”.
Se escuchó bien porque la mayoría de los implicados en las irregularidades detectadas y observadas, exfuncionarios públicos estatales, presidentes municipales en funciones a punto de concluir sus cuatrienios, y otros de organismos paramunicipales, son de Morena, y porque el diputado Pintos Guillén es uno de los hombres más cercanos a la gobernadora Rocío Nahle, lo que hace pensar que ella le dio luz verde para no cubrir con el manto de la impunidad a nadie, así se trate de alguien de su partido.
Si lo anterior es importante, también es destacable el papel central que juega en todo esto la titular del ORFIS, Delia González Cobos, por el trabajo profesional que realizó, que se refleja en el informe que entregó al Congreso, pero además porque hace valer la autonomía del organismo y porque no se ha parado en tratar de justificar y proteger a los partícipes, lo que necesariamente alcanza al exgobernador García Jiménez, quien es responsable por acción o por omisión.
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