Alberto Barranco / El Universal
Latente
la posibilidad desde hace varios meses, el órgano de equilibrio
resolvió que el país ibérico incurrió en la ilegalidad al implantar un
esquema de subsidios disfrazados de “bonificaciones fiscales” para los
países que contrataran la construcción de barcos, en el objetivo de
incentivar a la escasa clientela.
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