LAS RENDIJAS DE LA CORRUPCIÓN

Mauricio Merino / El Universal

Es una buena noticia que, tras un largo silencio, hoy tengamos un alud de propuestas para fortalecer el acceso a la información pública, para hacer más transparentes los ingresos y los gastos de los gobiernos y para combatir la corrupción. Hace tiempo que esos temas merecían un lugar destacado en las agendas gubernativa y legislativa, pues la sociedad los ha venido planteando como una prioridad de la agenda pública sin haber obtenido todavía una respuesta satisfactoria. La mala, es que ese alud de propuestas e iniciativas parte de visiones, definiciones y apremios muy diferentes, que corren el riesgo de cambiar todo, para dejarlo igual.

En los términos más directos y simples, combatir la corrupción significa impedir que los funcionarios públicos se apropien de puestos y presupuestos para usarlos impunemente en provecho de sus intereses privados. Las formas que adopta esa apropiación abusiva son muy variadas: las más elocuentes son las que acaban depositadas en las cuentas bancarias de los servidores públicos que administran los presupuestos y a las que, genéricamente, nos referimos como “enriquecimiento ilícito”. Pero no son las únicas. El dinero de todos también puede desviarse mediante procedimientos aparentemente legales para repartir puestos, para beneficiar a unos cuantos con exenciones fiscales o transferencias directas, para construir clientelas políticas, para privilegiar grupos de presión poderosos o para afirmar la influencia de los partidos —entre otras y muy diversas modalidades de apropiación ilegítima del dinero público—.
La transparencia es uno de los antídotos disponibles para inhibir esas formas de corrupción, pues supone la exhibición pública de las decisiones tomadas por quienes gestionan los dineros de todos y, a la vez, de las razones que esgrimen para tomarlas. Es un viejo reclamo de la Ilustración: el derecho a hacer públicos los asuntos públicos, bajo el doble supuesto de la soberanía popular y de la existencia de medios suficientes para verificar la congruencia entre lo que hacen y dicen los funcionarios, y para sancionar su conducta cuando faltan a la responsabilidad que asumieron. El derecho a saber es una condición básica del ejercicio democrático de la autoridad concedida. Pero no basta para evitar la captura de puestos y presupuestos ni tampoco para garantizar que el dinero público no será usado para fines privados.
Hay que celebrar que la transición entre los gobiernos de Calderón y Peña esté marcada por sus afanes para inyectarle más transparencia a la gestión pública: el primero, a través de la Ley General de Contabilidad Gubernamental —que obligaría a los tres niveles de gobierno a poner en línea todos sus ingresos y todos sus gastos— y el segundo a través de las reformas constitucionales que llevarían a fortalecer al IFAI (siempre que venga después una ley general de transparencia y acceso a la información bien escrita). Ambas iniciativas apuntan hacia los lugares correctos y podrían ser, incluso, complementarias. Pero es indispensable conjurar el riesgo de convertir esos cambios en un nuevo instrumento de control del Ejecutivo y es aún más relevante —creo yo— evitar que se siga pensando que la apertura de la información basta y sobra para conjurar las muy diversas formas de captura de puestos y presupuestos.
De hecho, ambas reformas ofrecen como algo nuevo lo que debió suceder hace mucho: nos ofrecen la información contable que, con las leyes vigentes, debimos tener armonizada y disponible a partir de este año, pero que no llegó por la negligencia de los gobiernos locales y la morosa complejidad de la Secretaría de Hacienda, y nos proponen la consolidación del IFAI que debió suceder desde 2007, cuando la Constitución ordenó reformar la ley federal de transparencia en vigor. Es cierto que las iniciativas actuales suben un escalón más y añaden obligaciones que no estaban previstas antes. Pero nadie razonable podría negar que se perdieron al menos tres años sin que se cumplieran las normas, y nadie sensato dejaría de observar que ahora tendremos que esperar otros dos para ver si éstas, renovadas y puestas al día, se aprueban y cumplen.
Con todo, falta mucho más para que la batalla por construir un verdadero sistema de rendición de cuentas comience a rendir frutos, pues la captura de puestos y presupuestos todavía se nos cuela, como una mala humedad, por todas las paredes del regimen. Y entre ellas no sólo están los gobiernos, sino los partidos, los sindicatos, los bancos, los medios y un largo etcétera de beneficiarios directos de los dineros públicos. Será una buena noticia que podamos hacer inventario de esas rendijas. Pero saber dónde están no equivale a taparlas.
Investigador del CIDE