Una vez concluido el proceso electoral (por lo menos en lo que toca
al TEPJF) con la entrega, el 31 de agosto, por parte del magistrado
Alejandro Luna Ramos a Enrique Peña Nieto de la constancia que lo
acredita como presidente electo, asistiremos en los próximos meses al
periodo de transición en el cual el gobierno de Felipe Calderón le
pasará la estafeta al gobierno entrante. Se trata de un lapso de tiempo
propicio para definir las grandes líneas de acción para el próximo
sexenio en materia política, económica y social.
Por lo pronto la administración entrante ha anunciado tres
iniciativas inmediatas: la creación de la Comisión Nacional
Anticorrupción, el otorgamiento de mayor competencia a los órganos
oficiales encargados de la transparencia y la supervisión ciudadana en
la contratación de publicidad por parte de los poderes públicos en los
medios de comunicación. Son medidas plausibles.
No obstante, en lo que también se debe trabajar es en un acuerdo
nacional en favor de la gobernabilidad democrática. En este compromiso
deben participar todas las fuerzas políticas con presencia en el
Congreso de la Unión. Asunto que implica la atención a por lo menos
cuatro rubros fundamentales: orientar y darle certeza a la nación,
restablecer el orden público, atender los mínimos de bienestar que
demanda la población y garantizar mayorías estables en el Congreso de la
Unión.
Para llevar a cabo este último propósito considero que se necesitan
instrumentar, por lo menos, dos magnas transformaciones: de una parte
pasar del sistema presidencial al sistema parlamentario; de otra parte,
cambiar de modelo económico. Por lo que respecta al primer asunto
debemos recordar que desde 1997 no se han podido formar mayorías
parlamentarias estables. Hemos tenido gobiernos divididos que derivan
con frecuencia en gobiernos bloqueados en vista del sistema presidencial
prevaleciente. En contraste, el sistema parlamentario (propuesta que
comparto con Alonso Lujambio) obliga a los partidos a formar mayorías
para sostener al gobierno en turno, de otra manera los representantes
pierden sus puestos y se llama a nuevas elecciones. Ese es el incentivo
que los acicatea.
Por lo que hace al modelo económico, es de sobra conocido que el
neoliberalismo se desfondó en 2008 con la debacle de Wall Street. Muchos
países, en consecuencia, andan buscando una alternativa económica
diferente. En México es hora de que la izquierda democrática, no
maximalista, adopte una actitud constructiva. Le entre al quite para
equilibrar la balanza en la correlación de fuerzas en la política
nacional.
Hoy esa izquierda democrática tiene la suficiente fuerza
parlamentaria para impulsar una agenda que deje atrás el neoliberalismo.
Adolfo Orive (“Frente Legislativo Progresista”, Excelsior, 2/IX/12)
sintetizó la propuesta legislativa de la izquierda de la siguiente
manera: atacar el problema del narcotráfico debilitando sus estructuras
financieras y el lavado de dinero. Para esto se necesita reorientar la
estrategia de combate al crimen organizado atacando las causas de la
inseguridad; es decir, la inequidad social, el rezago educativo y el
desempleo. Promover la inversión en infraestructura, la ampliación del
mercado interno y el fortalecimiento productivo de la pequeña y mediana
industria. Rechazar el incremento al IVA en alimentos y medicinas.
Incrementar el presupuesto en ciencia y tecnología; promover nuestra
inserción en la sociedad del conocimiento.
Una alianza política entre el PRI y la izquierda democrática
impulsaría esta agenda legislativa; la traduciría en políticas públicas
desde el gobierno federal. Tal enlazamiento cambiaría el rumbo del país
en sentido progresista y, de paso, le restaría fuerza a la izquierda
neopopulista.
Profesor del Tecnológico de Monterrey (CCM)
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