PLANEACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y EQUIDAD SOCIAL

David Ibarra / El Universal

La idea de jerarquizar la política económica en torno a prelaciones nacionales surge con fuerza en el siglo XIX, pero viene a tomar cuerpo en la siguiente centuria al tornarse más complejas las economías.

En Occidente, singularmente en Europa, la planeación no se encamina a subvertir o reemplazar el capitalismo. Al contrario, sus tres principales objetivos se limitaron a poner orden en los desajustes ocasionados por los intensos procesos de industrialización y urbanización que habían tenido lugar años atrás; a facilitar un proceso estable de inversión que sostuviese la prosperidad del sistema económico a largo plazo; y a combatir el descontento ciudadano ante los excesos sociales de los mercados, manifiestos en la pobreza, en el desamparo jurídico de los trabajadores y ciudadanos o en el desafío del socialismo soviético. En América Latina, los intentos de planeación de la política económica tampoco fueron radicales, se organizaron principalmente en la búsqueda de soluciones a los problemas endémicos de la región: cerrar la brecha y dependencias asociadas al atraso comparativo respecto al primer mundo, mitigar desigualdades sociales enormes, así como romper obstrucciones institucionales al desarrollo y asegurar un proceso estable, ascendente, de inversión en torno a prioridades nacionales.

En EU la aversión a la palabra planificación —por tener parecido semántico al estilo soviético de organizar la economía—, llevó a formulaciones diferentes, más en la forma que en la sustancia, de la política económica en relación al estilo europeo. Así se impulsan desde el Estado políticas de combate a la Gran Depresión, acompañadas de una profunda reforma social. A la par se emprende la organización del enorme esfuerzo bélico de la Seguda Guerra Mundial con sustanciales dosis de planeación. Además, junto a las reformas del New Deal, se cuentan los intentos exitosos también programados para favorecer la reconstrucción de Europa, Japón y el desarrollo de otras regiones del mundo, si se quiere atendiendo tanto a razones altruistas como a finalidades geopolíticas.

El paradigma keynesiano que domina la visión económica del mundo entre los años 30 y los 60, viene a sumarse a las ideas —fuerzas prevalentes en buena parte del siglo pasado. La noción de hacer del empleo pleno compromiso fundamental de los estados o el planteamiento más general de responsabilizarles simultáneamente de la estabilidad del crecimiento sostenido y de los precios, sirvieron al propósito de armonizar mercado y Estado, de corregir los excesos de ambos en favor del ascenso económico con igualdad social. Por eso, la posguerra, prolongada hasta la década de los 70, no sólo constituye una época de desarrollo mundial casi sin paralelo histórico, sino una época donde las disparidades distributivas tienden a reducirse y a producir una notable estabilidad política. (Véase Atkinson, Piketty y Saez, 2011, Top Incomes, Global Perspective, Oxford University Press).

A partir de ahí, el desplazamiento del keynesianismo por la nueva ideología de mercados libérrimos y estados mínimos, asentada en la desregulación, las privatizaciones, la globalización, la poda de responsabilidades gubernamentales y ciertas innovaciones tecnológicas, erosionan radicalmente la armonía social observada con anterioridad e instauran el cortoplacismo. Salvo excepciones, se descuida la justicia distributiva, el crecimiento se torna menor y más volátil, los beneficios se concentran, mientras ciudadanos y familias quedan inmersos en grave inseguridad de ingresos, empleo, jubilaciones o, incluso, de orden personal ante el rompimiento de los estados de derecho por el ascenso de la criminalidad. Entre 1949 y 2005, la desigualdad da un salto cualitativo mundial que se prolonga hasta la crisis de 2008. En efecto, la participación en el producto del 1% de los estratos más ricos subió 59% en Estados Unidos, 24% en Inglaterra, 26% en Canadá, 33% en Noruega, 16% en Japón. La desigualdad se acentúa en dos tercios de los países de la OECD, a partir de los años 80. Hoy, el reparto inequitativo de ingresos y bienestar dejó de ser característica de las naciones atrasadas donde se afirma, en disculpa, que las clases dominantes mucho han de ahorrar e invertir para acercar a sus países al primer mundo.
Además, la nueva piramidación de los ingresos ya no proviene sólo de la riqueza acumulada con anterioridad por familias o individuos, sino de los sueldos y compensaciones extraordinarias de los dirigentes empresariales, sobre todo de los beneficiados con la desregulación financiera. El ingreso promedio de los trabajadores resulta un múltiplo cada vez más pequeño de las remuneraciones de los mandos empresariales. Entre 1970 y 2001 en Estados Unidos esas cifras han pasado del modesto 2.5% a un milésimo de usarse como comparación los ingresos medios de los cien dirigentes corporativos más importantes. Ahí también, a partir de los años 70 el salario real de los trabajadores se estanca, mientras las remuneraciones empresariales siguen una espiral rápidamente ascendente. Visto en fechas más recientes (1993-2010) el ingreso del 1% más rico de la población alcanzó 21% del producto norteamericano, absorbiendo 58% del acrecentamiento del producto en ese lapso, mientras el resto de la población (99%) apenas vio ascender el valor real de sus percepciones en 6.4%.

El fructífero ensamblaje de la planificación socioeconómica entre el individualismo utilitario de los mercados y las demandas de equidad colectiva, queda hecho trizas al abandonar los gobiernos el papel de árbitro político indispensable. El desarrollo y la justicia social pasan a depender del funcionamiento sesgado de mercados que más y más trascienden las fronteras nacionales y a los que poco preocupa la legitimación de los gobiernos nacionales. De aquí, desajustes distributivos ostensibles que están en la raíz de la crisis todavía viva de 2008, como lo estuvieron en la Gran Crisis de los años 30.

Quiérase o no, hay necesidad de decantar respuestas colectivas a una debacle con pérdidas económicas y sufrimientos humanos incalculables que no parecieran tener fin. La planeación de las políticas públicas a escala nacional debieran recuperar la jerarquización sistemática del complejo de metas sociales y económicas, sin subordinar las primeras a las segundas y sustituyendo el inmediatismo por una visión de largo plazo. Los planes y la llamada rectoría del Estado debieran dejar de ser ejercicios rituales de escasísima relevancia práctica. Otro tanto podría decirse de la gobernanza mundial frente a la crisis que hasta ahora se limita a comprimir los estándares ciudadanos de vida de los países, singularmente de los maltrechos o débiles, mientras se procura salvar a cualquier costo a los bancos originadores del problema aun a riesgo de caer en otra depresión mundial.

Al parecer las instituciones financieras han capturado en su beneficio a gobiernos y reguladores. Las pérdidas bancarias privadas, mediante los rescates estatales, se han transformado en deuda pública; las remuneraciones a los dirigentes de grupos financieros siguen siendo extraordinarias; las prácticas financieras irregulares no reciben castigos de significación; los créditos a la producción siguen acotados; los códigos regulatorios que impedirían caer en crisis recurrentes se rezagan o resultan insuficientes.
De manera análoga a la difícil humanización de la revolución industrial —a través de la creación de normas protectoras al trabajo, de la formación de los estados benefactores con jurisdicción ciudadana amplia?— hoy es imprescindible humanizar a las instituciones financieras y a la misma globalización en el doble sentido de ofrecer protecciones crecientes a las poblaciones de sus efectos indeseables y de atender a las crisis económica y ecológica que arriesgan hacer inhabitable al planeta.