Samuel García / 24 Horas El diario Sin Límites
He leído
en no pocas columnas y artículos recientes que el problema por la banda 2.5 GHz
entre el Grupo MVS Comunicaciones, que encabeza Joaquín Vargas, y el gobierno
federal, representado por el secretario Dionisio Pérez-Jácome, es uno
estrictamente de precio.
La
versión se ha repetido hasta la saciedad en las últimas horas. Se ha dicho que
MVS no quiere pagar el precio que en el mercado valen esas frecuencias, por lo
que el gobierno -en estricto apego a las leyes- ha decidido “recuperarlas” para
venderlas a un precio mucho más conveniente a los intereses del fisco. Esa es
la versión del gobierno federal.
Lo ha repetido
el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, y ayer la
Secretaría de Hacienda, a través de un boletín de prensa, dio cifras para
fortalecer esta versión. Según Hacienda, MVS ofreció una ínfima parte (0.38%)
del monto de la contraprestación en que la propia Secretaría la valúa.
Ese mismo
argumento sobre el precio y la pérdida fiscal para el erario público la ha
repetido Televisa a través de los artículos y comentarios de Javier Tejado, su
vocero. “Preocupación”, por cierto, bastante sorprendente porque Televisa se ha
beneficiado en el pasado de las bajas (o nulas) contraprestaciones por el uso
de los bienes públicos sin que haya reparado en las pérdidas que ello implica
para el Tesoro Público.
El
argumento único del precio es un pobre argumento. No falso, pero sí uno que
reduce los intereses públicos y el interés de los consumidores a un beneficio
temporal y ficticio. Por eso no puedo estar de acuerdo con la visión
reduccionista acerca del precio.
Lo
explico:
1.
De acuerdo a las condiciones actuales de concentración del mercado de las
telecomunicaciones y de la televisión, la autoridad requería tomar decisiones
integrales. Es evidente que la decisión sobre la banda 2.5 GHz -con la
importancia para la banda ancha móvil que el Pleno de Cofetel le asignó en
2011- está íntimamente ligada a las decisiones sobre los mercados de la
televisión abierta, de las redes de cable y de las redes de telefonía; mercados
que están en manos de empresas dominantes. Al no hacerlo, el gobierno federal
evidencia la falta de interés por ejecutar una política pública de largo plazo
que fomente deliberadamente la competencia y la inversión en condiciones
equitativas.
2. Con el
argumento del precio se quiere reforzar la idea que la decisión es estrictamente
técnica. Falso. Tan no lo es que en el proceso de discusión de precio sobre la
banda 2.5 GHz, ni Hacienda, ni la SCT hicieron caso alguno a las sugerencias
que hizo Cofetel, el organismo técnico en la materia. Las revelaciones del
empresario Joaquín Vargas sobre el manejo político de un proceso técnico,
corroboran esta ya vieja impresión entre la opinión pública.
3. El
“rescate” de la banda 2.5 GHz confirmará su carácter político -y no técnico y
con una visión integral de política pública- si se realiza una licitación en la
que participen los mismos jugadores que hoy dominan las redes de
telecomunicaciones. La banda 2.5 GHz es una supercarretera oportuna para ser
asignada a jugadores independientes que nivelen la cancha de juego en beneficio
de los consumidores.
Por eso
el argumento del precio es pobre, aunque no falso. Además del valor de mercado
de esta contraprestación hay otras consideraciones -creo, más relevantes para
el futuro de estos mercados- que el gobierno no tomó en cuenta, acaso
deliberadamente, en una decisión claramente política.
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