SERGIO AGUAYO / REFORMA
Las elecciones se cierran, huele a conflicto y renace la discusión sobre la santidad de los árbitros electorales.
El 7 de junio el presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo
Valdés Zurita, leyó un comunicado a nombre de todos los consejeros. Es
un mensaje hiperoptimista: hemos disfrutado de una "competencia intensa,
abierta, equilibrada y bajo reglas conocidas y avaladas por todos los
contendientes" y vamos a las "urnas con plena libertad". Nada mancha el
rosa virginal de un texto que no aborda aspectos tan desagradables como
la compra y coacción del voto o la presencia del crimen organizado.
Omisiones incomprensibles porque un día después Valdés Zurita
reconoció en Querétaro que "la compra y coacción del voto sigue siendo
un problema que debe de atenderse" aunque no dio cifras. El 16 de mayo
el consejero Alfredo Figueroa fue preciso: 3 mil 940 secciones
electorales están ubicadas en "zonas de alta inseguridad pública";
afecta a más de 5 millones de electores.
¿Se contaminará el 1º de julio? Depende de la diferencia entre el
primero y el segundo lugar. Con 14 puntos se olvidan las
irregularidades; una elección cerrada es otro escenario. Este martes 12
de junio el Observatorio Universitario Electoral, integrado por
académicos de la UNAM, la UAM y El Colegio de México, presentó una
encuesta nacional levantada en tres mil domicilios de 600 secciones
electorales. Según este sondeo -muy superior en representatividad-,
realizado en la primera semana de junio por Berumen y Asociados,
Josefina tiene 17.9%; AMLO, 27.3% y EPN, 33.4%. La pelea es entre dos
con una diferencia de seis puntos y una décima.
Si el debate no revirtió las tendencias Peña Nieto y López Obrador
podrían emparejarse antes del "Día D". Eso desencadenaría la compra y
coacción que ha florecido con la alternancia. Alianza Cívica la
monitorea desde 1994. Aunque los universos empleados en cada elección
son diferentes, la curva es clarísima: en la federal de 2003, 3% de los
electores lo padecieron; en 2006, 7%; y en 2009, 27.7%.
Todos los partidos le entran al regalo o la presión. Lo hacen porque
tienen más dinero (campañas cortas y spots gratis), porque la cultura
ciudadana es laxa con la corrupción (para el pobre el voto es ingreso
extra) y por esa impunidad permitida por árbitros con escaso compromiso
(el caso de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade) y del Tribunal Electoral lo abordaré en otro
texto). En los últimos años aparece una imposición más siniestra. En
Michoacán 2011 el crimen organizado obligó por la fuerza a comunidades a
dar su voto a quienes ellos decían.
El próximo 1º de julio, ¿qué porcentaje de la ciudadanía venderá su
voto o lo emitirá bajo amenazas? No lo sé, pero el problema existe y
como por todos lados aparecen testimonios, uno de los candidatos, AMLO,
sacó a pasear la incómoda "f" de fraude. De inmediato surgió el coro
condenatorio y reapareció la adoración de los árbitros electorales.
Algunos lo hacen con maña, otros, como María Elena Morera de Causa en
Común, le preguntó de buena fe a López Obrador si firmaría un compromiso
para respetar las reglas, el árbitro y los resultados.
El planteamiento contiene el error, bastante frecuente por cierto, de
confundir jerarquía con autoridad. No puede venerarse a quien tiene un
cargo si no cumple con su tarea. El IFE es muy buen organizador de
elecciones, pero ¿qué tanto ha hecho para darnos certidumbre democrática
frenando, por ejemplo, la compra y coacción del voto? Entiendo que la
Fepade es la institución responsable de investigar esa violación de la
ley, pero hubiera ayudado que el IFE hiciera o auspiciara una
investigación que nos permitiera tener ahora un mapa de la
irregularidad. No lo ha hecho.
En las elecciones de 2009 el IFE financió, por medio del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, una investigación de Alianza
Cívica sobre compra y coacción. El organismo civil encontró que los tres
distritos con mayor incidencia en las entidades investigadas son
mexiquenses: Valle de Chalco con más 56.8%, Toluca con 42.3% y Ecatepec
con 38 %. El IFE ignoró el hallazgo y desconocemos lo que pasará en la
tierra de Peña Nieto. Quienes ahora invocan la santidad de los árbitros
electorales deberían considerar el historial del presunto beato.
El 1º de julio se llena de nubarrones. Ese día todos los partidos y
sus patrocinadores echarán el resto de su fuerza y recursos y buscarán
comprar votos o torcerán el brazo a los votantes enturbiando la limpieza
de los comicios. Generalmente se piensa en la izquierda como la
promotora de la protesta, pero ¿qué haría el PRI de Peña Nieto si queda a
0.56 décimas de López Obrador? Ya veremos de qué están hechos los
árbitros, pero algo anda mal cuando el IFE se unifica en torno a un
relato color rosa virginal. Las elecciones no son baile de quinceañera.
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