El arresto judicial extraterritorial del presidente Nicolás Maduro por parte de la justicia también extraterritorial de Estados Unidos fue una muestra más de la unilateralidad que utilizan los imperios dominantes para aplicar reglas “en los bueyes del compadre”.
Estados Unidos debe haber llevado el caso de Maduro a la Corte Penal Internacional (CPI) para que ahí se dictaminaran las sanciones que organismos judiciales extraterritoriales aplican con la aprobación de todas las naciones asociadas.
Pero Estados Unidos se ha negado a reconocer la jurisdicción de la CPI porque muchos de sus presidentes y funcionarios pudieran ser requeridos por la justicia internacional por haber cometido crímenes y abusos de poder, entre ellos, por ejemplo, los presidentes Richard Nixon, Ronald Reagan, George Bush Jr. y Barack Obama con el asesinato extrajudicial de Osama bin Laden, además del caso del ex secretario de Estado Henry Kissinger, juzgado ya en tribunales internacionales.
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