José Buendía Hegewisch - Excelsior
La nueva Corte nace con el lastre de la duda sobre qué tan independiente puede ser si sus nueve ministros fueron impulsados por un mismo partido hoy en el poder, aunque llegaran por voto popular. La cuestión puede frustrar la esperanza del cambio profundo que promete la reforma del Poder Judicial como imperativo de la vieja deuda de la justicia, en particular, con los más pobres.
El gobierno de Sheinbaum presume la instalación del máximo tribunal como inicio de una nueva era en el sistema de justicia, con un Poder Judicial electo en un proceso tan irregular y cuestionado como inédito en el mundo de votar a todos sus juzgadores; y una victoria para la tesis de la 4T de que la democratización garantiza su autonomía para reestructurar desde abajo y cortar la influencia del poder económico. Es decir, enterrar el modelo de la última reforma de Zedillo de 1994 que, a pesar de acotar la influencia del viejo presidencialismo, prohijó la corrupción, el nepotismo y la negociación de la ley.
Pero la voluntad general, como lo saben los ministros, es limitada para asegurar su independencia como condición para transformar la justicia; y no sólo por surgir de un proceso impugnado y poco representativo, sino vulnerable a la coacción en el difícil juego del equilibrio de la confrontación y colaboración, ambas necesarias entre poderes. La legitimidad del nuevo modelo impulsado por López Obrador dependerá de la actuación de los juzgadores y del aval de la sociedad en cuyo nombre se valida; aunque su lejanía debilita el proceso y la pone en desventaja política.
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