Marco Antonio Marquez Mendoza - Contralínea
El salario mínimo representa la menor cantidad de dinero que un trabajador puede recibir por sus servicios a una empresa. Al considerando al trabajador como el pilar fundamental de una familia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el monto del salario mínimo debe ser suficiente para cubrir las necesidades normales de vida, educación y recreación de dicho trabajador. No obstante, desde el año 2000, este derecho constitucional ha sido vulnerado. Hasta 2016, el incremento anual del salario mínimo se mantuvo en un promedio anual de alrededor de 2.20 pesos. Sin embargo, en 2017 experimentó un aumento de 7 pesos, y en 2018, de 8.32 pesos. A pesar de estos incrementos aparentes, el crecimiento del salario mínimo real –es decir, el que toma en cuenta el aumento de los precios– apenas alcanzó el 0.87 por ciento durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.
Estos datos revelan que el poder adquisitivo del salario mínimo no mejoró las condiciones de vida de la mayoría de la clase trabajadora. Esta situación plantea un desafío significativo en términos de equidad económica y resalta la necesidad de revisar y reformar las políticas salariales para garantizar un salario mínimo que cumpla con su propósito constitucional.
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