- La paraestatal acordó con empresarios la instalación de las plantas, perdió dinero en hacerlas funcionar a cambio de quedarse con ellas en 2024, pero las instalaciones quedaron abandonadas, según una investigación de EL PAÍS
Vecinos hacen fila para recibir agua de una pipa en García (Estado de Nuevo León), en julio de 2022. GARY CORONADO (GETTY IMAGES)
Georgina Zerega - México - El País
En algunas de las comunidades apartadas de México, la única bebida potable es un refresco. “Entonces se necesita ofrecer una alternativa, pero una barata”. Las palabras salían de la boca de Ignacio Ovalle, entonces director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Era junio de 2020 y el funcionario, una especie de padrino político del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentaba su último gran proyecto: iban a instalar 274 plantas purificadoras de agua en los almacenes que tiene la enorme red de abasto de alimentos para personas con menos recursos. Detrás, como en numerosas iniciativas que se gestaron con Ovalle al frente de este organismo, se escondía una trama corrupta. Un grupo de empresarios había acordado con la paraestatal montar un negocio que creían iba a rendir frutos millonarios. Sin embargo, los inversores nunca recuperaron su dinero y la paraestatal perdió fondos públicos que había invertido en servicios para que las plantas funcionaran. A cambio iba a quedarse con esas instalaciones en 2024, pero pasado el primer año de producción, las purificadoras quedaron completamente abandonadas.
“Ya iniciamos el establecimiento de 25 plantas, para abastecer de agua purificada a las comunidades donde estamos establecidos”, celebraba Ovalle en esa conferencia de prensa acompañado por el secretario de Agricultura y presidente del Consejo de Administración de Segalmex, Víctor Villalobos. La presentación se hacía en 2020, pero el programaba se había gestado por lo menos un año antes. Documentos a los que tuvo acceso EL PAÍS, señalan que el acuerdo por las plantas de agua se logró el 29 de julio de 2019, apenas ocho meses después de que López Obrador llegara al poder. El convenio lo firmó Diconsa, el organismo encargado del abasto de alimentos que el presidente fusionó junto a la dependencia a cargo de la leche, Liconsa, bajo el nombre de Segalmex.

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