Periódico La Jornada
Una investigación sacó a la luz las artimañas empleadas por los gigantes del agronegocio y sus aliados locales (el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Nacional Agropecuario y la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos) para frenar los avances regulatorios sobre maíz transgénico y el uso del herbicida glifosato. De acuerdo con el documento, estos poderes fácticos cabildean con integrantes de las tres ramas del gobierno; presionan a través de notas periodísticas, artículos y columnas a quienes promueven el control de los agrotóxicos, e incluso financian a académicos para que realicen estudios a modo a favor de sus mercancías.
Este último aspecto resulta alarmante, pues no pueden subestimarse los riesgos que corre la humanidad cuando la agenda científica es dictada desde los despachos de Wall Street. En el pasado, el generoso financiamiento corporativo llevó a científicos a usar su prestigio y sus credenciales para persuadir al público y a las agencias regulatorias acerca de la inocuidad de sustancias tan venenosas como la nicotina o la gasolina con plomo. En épocas recientes, la crisis de abuso de opiáceos que cada año siega decenas de miles de vidas en Estados Unidos se originó, en buena medida, en la falta de escrúpulos con que médicos cortejados por compañías farmacéuticas prescribieron estas drogas a pacientes que no las requerían o que lo hacían en dosis mucho menores a las recetadas.
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