Periódico La Jornada
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió el Parlamento para frenar la discusión del juicio político iniciado en su contra por tener conocimiento de actos de corrupción en contratos de transporte de petróleo y no actuar al respecto. El mandatario, un ex banquero que representa los intereses de la oligarquía de Guayaquil, invocó un procedimiento denominado “muerte cruzada” porque le permite deshacerse del Legislativo pero obliga a realizar elecciones generales en un plazo máximo de 90 días. Mientras eso ocurre, Lasso gobernará mediante decreto bajo supervisión de la Corte Constitucional. La legalidad de la medida está en entredicho por la falta de argumentos sólidos para probar la existencia de una de las tres causales para activar el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana: que la Asamblea se arrogue funciones que no le corresponden, por obstruir plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.
La maniobra de Lasso presenta un obvio paralelismo con el intento del depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, de disolver el Congreso en vísperas de una votación para destituirlo e instalar en el poder a un grupo afín a los grandes capitales, como en efecto ocurrió. Aunque las acciones de uno y otro fueron análogas, las reacciones internas y externas no pudieron ser más distintas. El maestro rural fue traicionado por las Fuerzas Armadas, encarcelado y rápidamente demonizado por medios de comunicación, organismos internacionales y multitud de gobiernos. En cambio, el millonario político recibió el espaldarazo militar, diplomático y una cobertura mediática obsecuente.
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