Álvaro García Linera* - Periódico La Jornada
▲ Manifestantes preparan un guiso popular, ayer en Buenos Aires, para protestar contra el acuerdo suscrito por el gobierno argentino y el FMI. Foto Afp
Hubo un tiempo en que las recomendaciones del FMI sobre cómo reorganizar la economía eran leídas, defendidas y ejecutadas como mandato divino. Era la década de 1990, cuando cada estudio del curso de la economía mundial o convenio alcanzado con tal o cual país, no sólo emanaba un enjundioso optimismo histórico con lo que se estaba proponiendo, sino que, además, se acompañaba de una apodíctica y eficiente difusión piramidal que iba de ministros de Economía a parlamentarios; de asesores económicos de gobiernos a reconocidos empresarios locales; de prestigiosas universidades a comentaristas de televisión y periódicos; de académicos a tertulianos de café, que se relamían los labios con cada frase del organismo internacional.
Eran los tiempos del gran consenso social tejido por una profusa red molecular de opinión pública dedicada a consentir que los sacrificios colectivos de la pérdida de derechos, de la expropiación de bienes públicos y el abandono estatal, iban a redimirse con un brillante éxito individual de volverse empresario, accionista o director de empresa. Privatizar todo, desproteger todo y dejar que el libre mercado se encargara del resto eran los credos fundadores de un nuevo mundo de emprendedores, al que inmediatamente los clérigos de esta religión acompañaban con frasecitas huecas como achicar el Estado para agrandar la nación, país de ganadores, distribución por goteo o fin de la historia.
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