Por Guillermo Deloya Cobián - El Economista
Pasaron cerca de 100 años en distintas siglas; con actividad intensa para acreditarse como el principal soporte financiero a los programas rurales, agropecuarios, forestales y pesqueros. Hoy, de un plumazo y con un voto receloso de los legisladores, la Financiera prestamista en dichos ramos ha sucumbido ante el “austericidio” al cual se ha sometido el estado mexicano. Aunado al anterior accionar en pro de la pobreza franciscana, se suma el argumento del saqueo que oscila en acusaciones de uno a otro lado; como si el latrocinio rapaz de uno u otro bando fueran suficientes para rendir la plaza y dejar sin cobertura a un enorme número de pequeños productores que han dependido fuertemente del financiamiento concedido a través de la vía que hoy se extingue.
Pero la acción de extinción tiene consecuencias que aún no son visibles aún cuando el crédito desde la Financiera cesó de otorgarse desde el pasado diciembre de 2022. El campo subrayadamente, encuentra un escenario asfixiante; las actividades primarias o las actividades de transformación ahora deben encontrar sustento económico para su operación en alguna vía alterna. Con ello, pequeños y medianos productores se ven obligados ya, en tiempo presente, a buscar algunos financiamientos privados que generalmente caen en la usura, el fraude y el coyotaje. Al paso del tiempo, muchos productores del campo se verán entrampados en la insolvencia y muchos otros rendirán la plaza para finiquitar la labor que pudo haber sustentado la vida de varias de sus generaciones.
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