Periódico La Jornada
Cada año es necesario recordar que, además de los trágicos acontecimientos suscitados en Estados Unidos en 2001, el 11 de septiembre marca el aniversario de un ataque no menos deplorable y de consecuencias igualmente amplias: el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, su cobarde asesinato a manos de militares traidores y la imposición de la dictadura de Augusto Pinochet. Tan importante como rememorar los hechos es tener presente que, de acuerdo con documentos estadunidenses desclasificados, el derrocamiento del gobierno elegido democráticamente y el establecimiento de un régimen de facto fueron impulsados y asesorados desde Washington.
Hace diez años, la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos, Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura determinó que más de 3 mil personas fueron asesinadas o desaparecidas por el pinochetismo, mientras otras 35 mil sufrieron algún tipo de violación de derechos humanos de tinte político entre 1973 y 1990. Sin embargo, la propia comisión reconoce que las cifras podrían duplicarse si se consideran aquellos casos en los que se presume una violación, pero no puede comprobarse.
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