Agenda ciudadana
Lorenzo Meyer (*) - El Diario de Yucatán
La “Cuarta Transformación” (4T) se ha propuesto modificar la naturaleza del régimen heredado. Su estrategia implica usar instrumentos del Ejecutivo para deshacer, debilitar o neutralizar enclaves que dentro del propio aparato de gobierno se han convertido en focos de defensa de los intereses creados. Tal es el caso del poder judicial (PJ) que, no obstante, notables excepciones, históricamente está muy identificado con lo injusto y lo corrupto.
A partir de las revoluciones del siglo XVIII la teoría democrática sostiene que la división de poderes es consustancial al buen gobierno. De sus tres ramas clásicas —legislativo, ejecutivo y judicial— es el PJ el único que no surge directamente de la voluntad ciudadana. En torno a este punto, el teórico de la división de poderes, Montesquieu, había considerado que, en “esencia” y frente a los otros poderes, el PJ era un “poder nulo”, es decir, sin base propia. Si la ley era clara y los jueces imparciales, sus decisiones tendrían la nitidez de un teorema y en la claridad de esas decisiones estaría su fuerza y legitimidad que, por tanto, sería básicamente moral.
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