Calos M. Urzúa - El Siglo de Torreón
A fines de octubre de 2018, tras una consulta popular poco representativa, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que, entrando en funciones, cancelaría la edificación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La construcción de ese aeropuerto, en terrenos federales de Texcoco y Atenco, había comenzado en septiembre de 2015. Desde entonces, dada la magnitud de la obra, las tareas estaban a cargo de un buen número de empresas, casi todas mexicanas.
Las repercusiones económicas que tuvo de manera indirecta la cancelación del nuevo aeropuerto fueron y siguen siendo enormes. Con ese mero anuncio, la contribución de la inversión privada a la producción nacional comenzó a descender de manera significativa y ahora, tras la pandemia y la contrarreforma en materia energética, está en su nivel más bajo desde hace un cuarto de siglo. Otra consecuencia negativa son los costos, tanto financieros como en tiempos de traslado, que tendrá la ampliación y el posterior uso del modesto aeropuerto de Santa Lucía.
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