Carlos Ramírez - Indicador Político
Cuando el presidente Felipe Calderón decidió enviar a las fuerzas armadas en apoyo de la seguridad pública en diciembre de 2006 por el alto grado de violencia criminal, su argumentación fue la facultad constitucional de la seguridad interior. Desde entonces se sigue debatiendo la participación castrense en seguridad pública sin atender el enfoque de seguridad interior.
En el fondo los debates son procedimentales, de derechos humanos, de daños colaterales; hasta ahora no ha habido ninguna queja de que las fuerzas armadas hayan atacadode manera intencionada a movimientos sociales de protesta. La Ley de Seguridad Interior de 2017 fue bloqueada en la Suprema Corte en 2018, pero sin entrarle al punto central: el papel de las fuerzas armadas en la estabilidad social, política y económica del Estado ante los ataques de los grupos criminales nacionales y locales a la seguridad interior.
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