Todavía en 2012, seis Estados mexicanos contemplaban en sus Códigos Penales un atenuante del delito por “razón de honor” y otras diez entidades aplicaban rebajas a la pena por “emoción violenta”
Paula Chouza-El País
El 28 de junio de 2010, Irinea Buendía encontró a su hija muerta. “Se colgó”, le había anunciado su yerno al teléfono una hora antes. La víspera, la mujer, una abogada de 29 años, había decidido dejar a su esposo y presentar una denuncia por la violencia y los abusos sexuales que sufría. Aunque las autoridades del Estado de México, una región que forma parte del extrarradio de la capital del país, determinaron que se trataba de un suicidio, su madre inició una batalla legal que casi un lustro después sirvió para que la Suprema Corte de Justicia ordenara investigar de nuevo el caso como un feminicidio, el asesinato de una mujer por razones de género.
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