Grandes empresas y trasnacionales invierten
millonarios recursos en más de 250 personeros que pululan en los
pasillos, restaurantes y hasta en los sótanos de las cámaras legislativas para
convencer a diputados y senadores de promover iniciativas, reformar artículos
constitucionales o detener aquellas modificaciones a la ley que no estén a su
favor. Trabajan sin estar apegados a un código de ética; tampoco están
obligados a la rendición de cuentas. Su principal herramienta es la
manipulación. Mientras, hasta 26 iniciativas de ley para regular el lobbying
se encuentran en la congeladora del Poder Legislativo federal
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