Lo dijo
el domingo el comisario europeo de Economía, Oli Rehn, y lo ha confirmado ayer
el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia: España no tendrá que
cumplir condiciones adicionales si el Gobierno pide el rescate para acogerse al
plan de compra de deuda soberana del Banco Central Europeo (BCE). "No tocaré las pensiones": Rajoy asegura
que cumplirá con el déficit y estudiará un rescate sin imposiciones.
Y los dos
responsables comunitarios dicen la verdad. No habrá nuevas exigencias de
reformas, pero sí se pedirá una profundización y agilización de las reformas ya
emprendidas, lo que supondrá nuevos recortes en las pensiones, la prestación
por desempleo y el gasto de las administraciones; además de una nueva vuelta de
tuerca a la reforma laboral.
Así lo
confirman fuentes próximas al Ejecutivo de Bruselas, que insisten en que
"lo que se pretende es garantizar que España cumplirá el compromiso de
déficit del 3% del PIB en 2013" y, para ello, más que propuestas
concretas, lo que se va a indicar al Gobierno de Madrid "son las
partidas en las que hay que recortar drásticamente el gasto", en línea con
las recomendaciones del informe de la Comisión Europa del pasado mes de abril.
En esta
línea, una de las exigencias "ineludibles" que impondrá la UE en caso
de rescate será la reforma urgente y definitiva del sistema de pensiones, en
tres aspectos principales, entre los que destaca el adelanto urgente de la
entrada en vigor del retraso en la edad de jubilación a los 67 años de edad, de
forma generalizada, eliminando los períodos transitorios que se habían
establecido en el proyecto inicialmente aprobado.
También
en materia de pensiones, Bruselas pedirá que se amplíe automáticamente el
período de cómputo para percibir la pensión e introducir el llamado
"factor de sostenibilidad", por el que la edad para el cese de la
actividad laboral se revisará en función de la previsión de esperanza de vida.
En principio, no se prevé que haya exigencias en materia de la cuantía de la
pensión, por lo que Rajoy podría cumplir su promesa de actualización de las
pensiones.
El descontrol autonómico
El gasto
en desempleo es otra de las partidas que está en el punto de mira de Bruselas,
por lo que a la rebaja de las prestaciones aprobada en julio, podría sumarse
ahora una reducción del período de percepción, que pasaría de los 24 meses
actuales a 15 o 18 meses.
Esta
fórmula ya se barajó en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social como
alternativa a la rebaja aprobada en la cuantía, aunque se descartó finalmente
por considerarse una alternativa "más injusta", en palabras de la
ministra Fátima Báñez.
También
afectarán a este Ministerio, de consumarse el rescate, las propuestas de
Bruselas de agilizar las medidas todavía pendientes en la gestión de la reforma
laboral, especialmente en materia de flexibilización y de políticas activas de
empleo, especialmente para encajar las ofertas de trabajo a la demanda en el
mercado laboral.
Especial
preocupación reviste para la Unión Europea el descontrol de las cuentas de las
Comunidades Autónomas, por su implicación directa en el cumplimiento del
objetivo de déficit.
A este
respecto, las fuentes consultadas apuntan que entre las "decisiones"
que se pedirán a España para acogerse al plan del BCE se incluirá una petición
explícita para "imponer medidas disciplinaras a las autonomías en materia
fiscal, así como una mayor coordinación del gobierno del Estado con los Ejecutivos
autonómicos".
Adicionalmente
se exigirán también acelerar las medidas para reducir el peso del sector
público en el PIB, acelerando las propuestas de reducción de organismos
institucionales, empresas y fundaciones públicas y, consiguientemente, del
empleo en las distintas administraciones del Estado.
De hecho,
responsables de algunos departamentos ministeriales señalaban ayer a
elEconomista que no se descarta un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en
la Administración Central este otoño, que no afectaría a los funcionarios pero
sí al personal contratado.
Paralelamente,
desde Bruselas se insistirá también en acelerar las medidas para garantizar la
unidad de mercado en todo el territorio nacional, además de en la
liberalización de sectores y colectivos que todavía están sometidos a
regulación.
"En
el caso de España se ha recomendado con claridad un camino de ajuste fiscal. Y
ya existe una agenda de políticas de reformas estructurales que son parte de
esta recomendación", anunció el Comisario Oli Rehn, y en el seno de la CE
se espera que estas condiciones se definan con mayor claridad durante el
encuentro informal que los ministros de Economía de la zona euro mantendrán el
próximo viernes en la capital de Chipre, Nicosia.
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