El fiscal del Estado ordena examinar el proceso de
fusión de las siete cajas y la salida a Bolsa de la entidad nacionalizada
Julio M. Lázaro Madrid / El País
La Fiscalía
Anticorrupción investiga posibles delitos societarios en gestión de la fusión y
salida a bolsa de Bankia, según ha reveló este miércoles el fiscal general del
Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien había ordenado mantener las diligencias de
investigación en secreto mientras fuera posible “para no incendiar el parqué”
con la divulgación de una investigación penal sobre la entidad. La presentación
de distintas acciones penales por parte de particulares y su admisión a trámite
por el juzgado de instrucción número 21 es lo que ha obligado al fiscal a
judicializar sus investigaciones, según fuentes de la Fiscalía del Estado. Los
delitos investigados, entre los que se citan los de falsedad y estafa se
enuncian, por el momento, solo “a título indicativo”.
La
investigación fue encargada por Torres-Dulce al fiscal jefe Anticorrupción,
Antonio Salinas, el pasado 28 de mayo. En el decreto de apertura de diligencias
se citan cinco posibles delitos a investigar, entre ellos estafa, apropiación
indebida, delitos contables, administración desleal y falsedad documental. Sin
embargo, fuentes de Anticorrupción precisaron que dicha enumeración corresponde
a un enunciado en la dirección de la investigación y que, por el momento, no se
han apreciado indicios de ningún tipo penal, al estar las diligencias en una
fase de investigación muy prematura. Según dichas fuentes, los delitos deben
determinarse al final de la instrucción y puede ser algunos de los mencionados
u otros distintos.
En el citado
decreto, Anticorrupción expresa su “extrañeza” por el hecho de que Bankia
hubiera declarado tener unos beneficios de 305 millones y pocos días
después admitiese pérdidas de 2.979 millones. Anticorrupción ha centrado su investigación en dos
aspectos: el momento de la
fusión de Cajamadrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja
Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja para formar Bankia; y el momento de la salida a Bolsa de la entidad.
La Fiscalía
quiere conocer el “estado real” de las cajas en el momento de la fusión, ya que
sospecha que no debe ser el mismo que declararon sus gestores antes de la
fusión. Respecto a la salida a Bolsa, Anticorrupción ha
pedido folleto de emisión a la CNMV para conocer la situación patrimonial real de Bankia
al llegar al parqué.
Fuentes de
la Fiscalía insistieron que han sido las denuncias de particulares las que han
obligado a judicializar el caso, ya que ellos no pueden llevar una
investigación al margen del juzgado. Al recibir la primera denuncia, el juzgado
21 pidió un informe sobre competencia a la Fiscalía de Madrid, que a su vez lo
reenvió a Anticorrupción, porque era esta fiscalía especial la que había
iniciado las investigaciones. Anticorrupción remitió un informe al juzgado 21
en el que le manifiesta que, en su opinión, la competencia para investigar a
Bankia corresponde a la Audiencia Nacional, ya que afecta a cajas repartidas
por distintos territorios geográficos y además, el montante de los posibles
delitos puede producir una grave repercusión en la economía nacional.
Fuentes de
Anticorrupción consultadas por este periódico aseguraron que han solicitado
documentación al Banco de España, a la CNMV, a Bankia y a Deloitte, la firma
auditora de la entidad intervenida. Por el momento no han recibido nada y
cuando llegue “no a va a ser cosa de mirársela en una semana”, aunque para
entonces esperan que esté resuelta la cuestión de competencia y la
investigación haya correspondido a la Audiencia Nacional. Además del fiscal
jefe Antonio Salinas, han quedado adscritos a la investigación otros dos
fiscales de Anticorrupción y posiblemente se pedirán refuerzos de plantilla.
Prudencia mientras se investiga la documentación
En una
entrevista concedida a la agencia Efe, el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce,
manifestó que espera que la documentación requerida le sea remitida “con la
mayor presteza posible”. Torres-Dulce reconoce que “existe una demanda social
para que las actividades (de las entidades bancarias) sean investigadas”, pero
añade que “aunque no hubiera una demanda social”, el asunto “merece dicha
investigación”.
“Hemos
trasladado esas peticiones al juzgado para que (...) sepa cuál es la línea de
investigación que proponemos nosotros”, ha señalado Torres-Dulce, que consideró
“prematuro” concretar los posibles delitos que se investigan porque “la
situación propia de las entidades y la situación financiera y económica del
país” aconseja ser “realmente prudentes”.
Será el
examen de la documentación que realicen los peritos —tanto de la Administración
como de Anticorrupción— el que permita determinar “si los hechos son
constitutivos de delito y en ese caso seguir adelante, en cuyo caso pasaríamos
a pruebas testificales o, en su caso, si procediera, de imputación: citar como
imputada a alguna persona”. Para ello, insiste, es “imprescindible” la
colaboración de las entidades investigadas y la documentación que obra en poder
del Banco de España y de la CNMV.
De momento,
el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid tramita una querella del
colectivo Manos Limpias contra Rodrigo Rato y contra el gobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
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