¿FEDERALISMO EDUCATIVO?

David Colmenares / Eje Central

-Agotado el modelo de gasto condicionado

-Los estados sólo tienen los servicios administrativos

 El modelo de desconcentración de gasto condicionado a las entidades federativas, igual que el Pacto Fiscal, está agotado, lo que se traduce en presiones presupuestarias adicionales para las entidades federativas, no sólo porque sus participaciones son insuficientes, están por debajo de sus niveles anteriores a la crisis, lo que genera problemas de gasto, que no han sido honrados por el Gobierno Federal. Uno de ellos quizás el más importante es el del gasto en educación básica –vía el FAEB- en el contexto de un federalismo educativo que nunca ha existido y en el que aplica muy bien la expresión de subordinación fiscal.

Ya sabemos que somos el miembro de la OCDE con la estructura tributaria más regresiva, donde el 51 % de los ingresos provienen del IVA y los IEPS, lo que afecta a las clases medias y de menores ingresos; que el centralismo tributario mexicano es pavoroso, pues el poder central controla más del 95 % del potencial recaudatorio de los impuestos que no son federales sino coordinados. Propuestas para revertir eso sobran, muchas surgidas de las entidades federativas. En lo inmediato es urgente que la Recaudación Federal Participable incluya todos los ingresos federales, no sólo una parte de ellos y que se incremente el porcentaje participable.

Además del gasto en educación básica, hay otras presiones como los pari passus, en programas como el FONDEN, el Seguro Popular, el gasto en educación superior, etcétera.

A las entidades federativas no les descentralizaron ni la educación, ni los recursos, sólo se les transfirió la operación de los servicios administrativos, por lo que cumplen con una función por “encargo” del orden superior, que les asigna y supervisa los recursos. Esta desconcentración se ha convertido en un dolor de cabeza de las finanzas estatales, más para unas que para otras. Más de la mitad han tenido que homologar a los subsistemas estatales, otras porque el incremento de los recursos no ha crecido con las responsabilidades recibidas.

La negociación salarial con el SNTE la realiza el Gobierno Federal, no participan los gobernadores, a quienes se les ha dejado la tarea de una “doble negociación”, esto es la definición de las prestaciones económicas. Sin reglas, ni techos, los mandaron a la guerra y claro en algunos estados se excedieron y concedieron a sus secciones sindicales prestaciones exageradas, pero sin contar con el aval, ni el reconocimiento federal, lo que significa recursos. Es el caso de lo 90 días de aguinaldo, que por cierto hoy reclama el SNTE. El incremento ha sido mayor en las entidades que no tienen un sistema estatal de educación básica financiada con sus propios recursos, o que les cuesta menos, y por tanto no corren riesgos de incurrir en costos por la homologación de los maestros de los subsistemas estatales. Es el caso de los 90 días de aguinaldo, ya que la SEP sólo reconoce menos de la mitad y siempre lo ha resuelto con “anticipos de calendario”, esto es con recursos del siguiente ejercicio fiscal, pero que han creado bolas de nieve de difícil solución, cuando lo conveniente sería regularizar y fijar topes y concertar en las dobles negociaciones.

Además, cuando cambia la fórmula de distribución para los incrementos presupuestarios del FAEB, sin garantizar los irreductibles de las entidades, se empiezan a generar mayores déficit que hoy son el principal problema de la mayoría de las finanzas estatales, inclusive de las que aportan menos recursos propios. No olvidemos que la educación sigue siendo una responsabilidad federal.

Se crea desde el Congreso un Fondo de mil millones de pesos, más para “taparle el ojo al macho” que para ayudarlas ya que son muy pocos recursos. Las autoridades educativas de las entidades han planteado sea por lo menos de 4 mil millones de pesos, Tabasco habla de 20 mil para educación y salud, pero no les han hecho caso y siguen sólo los mil.

Este es un problema que habrá que afrontar y sólo se resolverá con recursos y voluntad política. De no resolverse, no nos extrañemos que se empiece a hablar de devolver los servicios educativos. Los estados se ahorrarían recursos y conflictos. Sólo veamos lo que pasa en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas entre otros.

*Profesor de Finanzas estatales en la UNAM. Ha sido Titular de la UCEF (SHCP) y Secretario de Finanzas de Oaxaca. También Presidente del Colegio Nacional de Economistas.