Francisco Valdés Ugalde / El Universal
La semana pasada nos referimos a la “revolución esquizofrénica”, cuya tradición pretende haber conservado el carácter democrático del sistema político establecido por el Constituyente de 1917, cuando entre 1928 y 1933, los caudillos que se apoderaron del nuevo Estado, le enmendaron la plana por completo y erigieron un sistema autoritario.
A partir de 1933, la clase política decisiva impuso nuevas reglas para el sistema político que consistieron, esencialmente en dos aspectos: el monopolio del acceso al poder mediante un partido hegemónico y prácticamente único y la disolución del equilibrio de poderes entre la sociedad y el Estado, entre los poderes del Estado, y entre la Federación, los estados y los municipios. La clave fue la imposición de la “no reelección” consecutiva e indefinida en todos los puestos de elección popular. Con esta medida, el robustecimiento de los poderes legislativos y judiciales, tanto de la Unión como de las entidades, y de los gobiernos municipales se hizo inviable para consolidarse y madurar con pluralismo. En cambio, fueron sometidos a una estructura piramidal cuya última ratio fue la dupla Presidente y Partido.
En 1928 se habían suprimido ya las elecciones en la capital del país y se había concentrado el Poder Judicial en manos del presidente de la República, quitándole a las legislaturas estatales y al Congreso General el poder de designar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, el control electoral anuló al ciudadano como poder de equilibrio fundamental frente al Estado.
En la segunda mitad de los años 30, Lázaro Cárdenas completó este sistema con la organización de “las masas” y su integración orgánica al partido hegemónico. Mucho se ha escrito sobre la pertinencia de estas reformas cuando México sobresalía por su inestabilidad política y la fragmentación regional de fuerzas político-militares que impedían la unificación. Con frecuencia se confunde este curso de acción durante la década 28-38 con una necesidad imperiosa, con una solución inevitable e, inclusive, con un resultado “progresista” y “modernizador” del sistema político y del país. Y esta confusión, a veces deliberada, funcionó (y aún funciona) de maravilla para dar legitimidad al ejercicio autoritario del poder. Lo cierto es que es dudoso que fuera necesario, inevitable o progresista. En cambio es verdad que fue una “solución” revolucionaria (no democrática) absolutamente brillante. De esto no cabe duda.
Al romper, gracias a la presión social, el monopolio del partido hegemónico sobre las elecciones, es decir, sobre la llave de acceso al poder, quebramos una parte del espinazo del sistema político. Esto ocurrió en 1996. Pero a diferencia de la década 28 a 38, nuestra generación no ha podido completar en el mismo plazo la construcción de un nuevo Estado, que se corresponda con la democracia. Hasta ahora hemos sido incapaces o reacios a llevar a cabo la tarea pendiente.
Si bien el sistema electoral y de partidos se ha democratizado, la permanencia de la mayor parte de las reformas que acompañaron la no reelección generalizada y piramidaron el poder no se han cambiado. Si en aquel entonces se consiguió una fórmula política de cooperación por cooptación para dar gobernabilidad al país, la combinación característica del presente, de reglas democráticas de acceso al poder y reglas autoritarias para su ejercicio, da por resultado una fórmula de deserción por conveniencia.
La no reelección consecutiva en todos los cargos hace imposible consolidar los poderes legislativos y municipales. Perpetúa el predominio de los Ejecutivos de las entidades federativas frente a los Legislativos y Judiciales, y se balcaniza la Federación. Si bien la capacidad centralizadora del Ejecutivo federal ya no es la de antaño, pues no cuenta con un partido hegemónico, aún conserva instrumentos de control como son la mayor parte de los recursos fiscales, gracias a una estructura de recaudación correspondiente a un pasado que parcialmente ha quedado atrás.
De este modo, el pluralismo político característico de nuestros días no tiene solución de continuidad en un ejercicio del poder equilibrado en los mismos tres aspectos señalados arriba: entre sociedad y Estado, entre poderes del Estado y entre la Federación, los estados y los municipios.
El estatu quo nos coloca ante una especie de agujero negro en el que la fórmula política de la revolución, en el plano del ejercicio del poder gubernativo, amenaza con engullir la democracia electoral en virtud de la sinergia negativa que la competencia por los puestos (legítima) introduce en un ejercicio del poder contrahecho y anacrónico. Estamos ante las consecuencias perversas de una misión incompleta: democratizar el Estado mexicano. Refundarlo en la raíz, edificar un Estado moderno a través de una negociación inteligente y constructiva es una tarea que no encuentra a sus actores principales.
Director de la FLACSO-México
La semana pasada nos referimos a la “revolución esquizofrénica”, cuya tradición pretende haber conservado el carácter democrático del sistema político establecido por el Constituyente de 1917, cuando entre 1928 y 1933, los caudillos que se apoderaron del nuevo Estado, le enmendaron la plana por completo y erigieron un sistema autoritario.
A partir de 1933, la clase política decisiva impuso nuevas reglas para el sistema político que consistieron, esencialmente en dos aspectos: el monopolio del acceso al poder mediante un partido hegemónico y prácticamente único y la disolución del equilibrio de poderes entre la sociedad y el Estado, entre los poderes del Estado, y entre la Federación, los estados y los municipios. La clave fue la imposición de la “no reelección” consecutiva e indefinida en todos los puestos de elección popular. Con esta medida, el robustecimiento de los poderes legislativos y judiciales, tanto de la Unión como de las entidades, y de los gobiernos municipales se hizo inviable para consolidarse y madurar con pluralismo. En cambio, fueron sometidos a una estructura piramidal cuya última ratio fue la dupla Presidente y Partido.
En 1928 se habían suprimido ya las elecciones en la capital del país y se había concentrado el Poder Judicial en manos del presidente de la República, quitándole a las legislaturas estatales y al Congreso General el poder de designar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, el control electoral anuló al ciudadano como poder de equilibrio fundamental frente al Estado.
En la segunda mitad de los años 30, Lázaro Cárdenas completó este sistema con la organización de “las masas” y su integración orgánica al partido hegemónico. Mucho se ha escrito sobre la pertinencia de estas reformas cuando México sobresalía por su inestabilidad política y la fragmentación regional de fuerzas político-militares que impedían la unificación. Con frecuencia se confunde este curso de acción durante la década 28-38 con una necesidad imperiosa, con una solución inevitable e, inclusive, con un resultado “progresista” y “modernizador” del sistema político y del país. Y esta confusión, a veces deliberada, funcionó (y aún funciona) de maravilla para dar legitimidad al ejercicio autoritario del poder. Lo cierto es que es dudoso que fuera necesario, inevitable o progresista. En cambio es verdad que fue una “solución” revolucionaria (no democrática) absolutamente brillante. De esto no cabe duda.
Al romper, gracias a la presión social, el monopolio del partido hegemónico sobre las elecciones, es decir, sobre la llave de acceso al poder, quebramos una parte del espinazo del sistema político. Esto ocurrió en 1996. Pero a diferencia de la década 28 a 38, nuestra generación no ha podido completar en el mismo plazo la construcción de un nuevo Estado, que se corresponda con la democracia. Hasta ahora hemos sido incapaces o reacios a llevar a cabo la tarea pendiente.
Si bien el sistema electoral y de partidos se ha democratizado, la permanencia de la mayor parte de las reformas que acompañaron la no reelección generalizada y piramidaron el poder no se han cambiado. Si en aquel entonces se consiguió una fórmula política de cooperación por cooptación para dar gobernabilidad al país, la combinación característica del presente, de reglas democráticas de acceso al poder y reglas autoritarias para su ejercicio, da por resultado una fórmula de deserción por conveniencia.
La no reelección consecutiva en todos los cargos hace imposible consolidar los poderes legislativos y municipales. Perpetúa el predominio de los Ejecutivos de las entidades federativas frente a los Legislativos y Judiciales, y se balcaniza la Federación. Si bien la capacidad centralizadora del Ejecutivo federal ya no es la de antaño, pues no cuenta con un partido hegemónico, aún conserva instrumentos de control como son la mayor parte de los recursos fiscales, gracias a una estructura de recaudación correspondiente a un pasado que parcialmente ha quedado atrás.
De este modo, el pluralismo político característico de nuestros días no tiene solución de continuidad en un ejercicio del poder equilibrado en los mismos tres aspectos señalados arriba: entre sociedad y Estado, entre poderes del Estado y entre la Federación, los estados y los municipios.
El estatu quo nos coloca ante una especie de agujero negro en el que la fórmula política de la revolución, en el plano del ejercicio del poder gubernativo, amenaza con engullir la democracia electoral en virtud de la sinergia negativa que la competencia por los puestos (legítima) introduce en un ejercicio del poder contrahecho y anacrónico. Estamos ante las consecuencias perversas de una misión incompleta: democratizar el Estado mexicano. Refundarlo en la raíz, edificar un Estado moderno a través de una negociación inteligente y constructiva es una tarea que no encuentra a sus actores principales.
Director de la FLACSO-México
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