Antonio Rosas-Landa Méndez / El Universal
Más de un millón de jóvenes indocumentados con un historial ejemplar en Estados Unidos albergan la esperanza para legalizar su estatus migratorio si la ley de los sueños (Dream Act), es aprobada en el Senado. Después de recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes, ayer se suspendió la votación en el Senado porque los demócratas no contaban con los 60 votos necesarios. Se espera que la próxima semana lo intenten de nuevo.
Un millón 100 mil muchachos. Se dice fácil. Se trata de aquellos que terminaron la secundaria y que fueron traídos a este país siendo menores de edad por sus padres, es decir, no cruzaron la frontera por voluntad propia. La Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Unidos calcula que, a pesar de los gastos que el gobierno tendría por esta ley en trámites, educación, consejería académica, seguro médico, etc., el balance de estos soñadores a largo plazo reduciría el galopante déficit federal en mil 400 millones de dólares. Una inversión que se pagaría sola.
Si bien el Dream Act contempla soluciones compasivas para las víctimas más inocentes del drama migratorio, tampoco extiende un cheque en blanco. Para legalizar su estatus temporalmente, los soñadores deben haber entrado a este país siendo menores de edad, haber vivido aquí al menos cinco años, ser menores de 30 años, tener un buen historial, enlistarse en las fuerzas armadas, o terminar al menos un grado técnico de dos años en la universidad. Es decir, haber sido gente de bien y comprometerse a aportar aún más a esta nación —que es la única tierra que reconocen como patria.
Conozco a varios de los potenciales beneficiarios de esta ley. Son muchachos que se expresan con una fluidez en el idioma inglés que deben inspirar envidia a varios de los congresistas que rechazan aprobar el Dream Act. Estos jóvenes reconocen la cultura de sus padres, las costumbres que han visto en casa; sin embargo, fundamentalmente, son estadounidenses sin ciudadanía. Hablan mejor inglés que su idioma natal y se comunican febrilmente con cientos de mensajes de texto al día con sus compañeros de todas las razas en la escuela. Son pues típicos adolescentes de este país.
Los republicanos se niegan a darles la oportunidad. Dicen que es necesario asegurar el control de la frontera impidiendo más inmigración ilegal para rescatar la confianza de sus votantes. Después, afirman, estarían abiertos a discutir medidas de legalización. Son argumentos falsos, vanas tonterías.
El liderazgo mundial de Estados Unidos va en declive, en particular en el renglón de la competitividad. Ésta es una nación hambrienta por ingenieros en sistemas pues no tiene suficientes. Empresas como Google o Facebook compiten ferozmente por mano de obra capacitada. Las ofertas de empleo para un ingeniero en computación que comienza a laborar rebasan los 100 mil dólares al año. Entonces, ¿por qué no ver en este universo de jóvenes indocumentados una oportunidad no sólo para ellos, sino para una nación urgida por capital humano especializado?
Por su parte, las fuerzas armadas que han sido estresadas al extremo por las guerras en Irak y Afganistán relajaron sus criterios de admisión a los reclutas. Hoy más que nunca existen más militares con historiales criminales, que incumplen criterios de edad o condición física. El Dream Act abriría la posibilidad para que este millón de jóvenes engrosaran las filas castrenses, no como carne de cañón, sino estudiando profesiones o adquiriendo especializaciones técnicas vitales para operar equipos en bases de lanzamiento de misiles, o a bordo de portaaviones. Eso sí favorecería la seguridad nacional por la que dicen estar preocupados los republicanos.
Por su parte, los demócratas usan este tipo de iniciativas como moneda política. El líder del Senado, Harry Reid, sabe que no tiene los votos para aprobar el Dream Act. Hay senadores demócratas como Ben Nelson, de Nebraska, que han dicho que no apoyan la medida. Sin embargo, el liderazgo de ese partido finge empatía con ese millón de jóvenes sin documentos para, en realidad, pagar apoyos electorales que recibieron de los hispanos en las elecciones del pasado noviembre.
Estados Unidos construyó la economía más grande y poderosa del mundo aprovechando los vastos recursos naturales, la ubicación geográfica estratégica, pero sobre todo invirtiendo en su gente. Por ello, no hay nada que presente más beneficios pragmáticos, que responda a un pendiente social y moral, y que celebre los principios de esta nación que abrir las puertas al millón de soñadores que se han ganado una oportunidad para ser aceptados.
Periodista mexico-estadounidense
Más de un millón de jóvenes indocumentados con un historial ejemplar en Estados Unidos albergan la esperanza para legalizar su estatus migratorio si la ley de los sueños (Dream Act), es aprobada en el Senado. Después de recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes, ayer se suspendió la votación en el Senado porque los demócratas no contaban con los 60 votos necesarios. Se espera que la próxima semana lo intenten de nuevo.
Un millón 100 mil muchachos. Se dice fácil. Se trata de aquellos que terminaron la secundaria y que fueron traídos a este país siendo menores de edad por sus padres, es decir, no cruzaron la frontera por voluntad propia. La Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Unidos calcula que, a pesar de los gastos que el gobierno tendría por esta ley en trámites, educación, consejería académica, seguro médico, etc., el balance de estos soñadores a largo plazo reduciría el galopante déficit federal en mil 400 millones de dólares. Una inversión que se pagaría sola.
Si bien el Dream Act contempla soluciones compasivas para las víctimas más inocentes del drama migratorio, tampoco extiende un cheque en blanco. Para legalizar su estatus temporalmente, los soñadores deben haber entrado a este país siendo menores de edad, haber vivido aquí al menos cinco años, ser menores de 30 años, tener un buen historial, enlistarse en las fuerzas armadas, o terminar al menos un grado técnico de dos años en la universidad. Es decir, haber sido gente de bien y comprometerse a aportar aún más a esta nación —que es la única tierra que reconocen como patria.
Conozco a varios de los potenciales beneficiarios de esta ley. Son muchachos que se expresan con una fluidez en el idioma inglés que deben inspirar envidia a varios de los congresistas que rechazan aprobar el Dream Act. Estos jóvenes reconocen la cultura de sus padres, las costumbres que han visto en casa; sin embargo, fundamentalmente, son estadounidenses sin ciudadanía. Hablan mejor inglés que su idioma natal y se comunican febrilmente con cientos de mensajes de texto al día con sus compañeros de todas las razas en la escuela. Son pues típicos adolescentes de este país.
Los republicanos se niegan a darles la oportunidad. Dicen que es necesario asegurar el control de la frontera impidiendo más inmigración ilegal para rescatar la confianza de sus votantes. Después, afirman, estarían abiertos a discutir medidas de legalización. Son argumentos falsos, vanas tonterías.
El liderazgo mundial de Estados Unidos va en declive, en particular en el renglón de la competitividad. Ésta es una nación hambrienta por ingenieros en sistemas pues no tiene suficientes. Empresas como Google o Facebook compiten ferozmente por mano de obra capacitada. Las ofertas de empleo para un ingeniero en computación que comienza a laborar rebasan los 100 mil dólares al año. Entonces, ¿por qué no ver en este universo de jóvenes indocumentados una oportunidad no sólo para ellos, sino para una nación urgida por capital humano especializado?
Por su parte, las fuerzas armadas que han sido estresadas al extremo por las guerras en Irak y Afganistán relajaron sus criterios de admisión a los reclutas. Hoy más que nunca existen más militares con historiales criminales, que incumplen criterios de edad o condición física. El Dream Act abriría la posibilidad para que este millón de jóvenes engrosaran las filas castrenses, no como carne de cañón, sino estudiando profesiones o adquiriendo especializaciones técnicas vitales para operar equipos en bases de lanzamiento de misiles, o a bordo de portaaviones. Eso sí favorecería la seguridad nacional por la que dicen estar preocupados los republicanos.
Por su parte, los demócratas usan este tipo de iniciativas como moneda política. El líder del Senado, Harry Reid, sabe que no tiene los votos para aprobar el Dream Act. Hay senadores demócratas como Ben Nelson, de Nebraska, que han dicho que no apoyan la medida. Sin embargo, el liderazgo de ese partido finge empatía con ese millón de jóvenes sin documentos para, en realidad, pagar apoyos electorales que recibieron de los hispanos en las elecciones del pasado noviembre.
Estados Unidos construyó la economía más grande y poderosa del mundo aprovechando los vastos recursos naturales, la ubicación geográfica estratégica, pero sobre todo invirtiendo en su gente. Por ello, no hay nada que presente más beneficios pragmáticos, que responda a un pendiente social y moral, y que celebre los principios de esta nación que abrir las puertas al millón de soñadores que se han ganado una oportunidad para ser aceptados.
Periodista mexico-estadounidense
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