Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto - Expreso
El principal instrumento que tenían los mexicanos para defenderse de los abusos del poder está a punto de ser debilitado y descafeinado por la presidenta Claudia Sheinbaum y su mayoría legislativa. Con la aprobación ayer en fast track de la mayoría de Morena de la reforma a la Ley de Amparo sin cambios y sin tomar en cuenta ninguna de las observaciones y correcciones que hicieron legisladores de oposición y juristas en las consultas que se abrieron para revisar dicha reforma, se confirma que la intención del oficialismo nunca fue fortalecer la figura del amparo, como afirman, sino por el contrario, limitarlo, reducirlo y diluir sus efectos contra los actos de autoridad y en detrimento de la protección de los derechos de los ciudadanos.
Para decirlo con toda claridad, la reforma al amparo es uno más de los engaños de la 4T, que no conforme con reducir y restringir los efectos del amparo, ahora también aprobará la aplicación retroactiva de esa reforma a todos aquellos juicios de amparo que estén en proceso al momento de su aprobación y, para sostener esa violación a la Constitución, que prohíbe tajantemente la aplicación retroactiva de cualquier ley, sostienen argumentos de jurisprudencias de la Corte -la misma Corte que ellos desaparecieron por supuesta corrupción-, que les permite, dicen, aplicar la retroactividad en las etapas de un juicio de amparo que estén pendientes, aunque el juicio como tal se haya iniciado con la ley anterior y no con la que están a punto de aprobar.
El engaño, tanto del contenido de la reforma que limita los derechos de los ciudadanos mientras le amplía potestad al poder para imponer su voluntad, como del cuestionado artículo transitorio que permite la retroactividad, fue tanto de los senadores de Morena como de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que primero se dijo en contra de cualquier aplicación retroactiva de una ley, pero ayer, invocando criterios del exministro Arturo Zaldívar, validó el atraco legislativo cometido por su partido bajo el argumento de que hay jurisprudencias de la Suprema Corte, esa de la que formó parte el propio Zaldívar y que luego él mismo ayudó a destruir, que permiten que las nuevas disposiciones sí le apliquen a las etapas procesales que estén pendientes de amparos que ya estaban bajo litigio.
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