- EL PAÍS reconstruye los días en que el cruce de agendas y versiones dentro del oficialismo pusieron en jaque el proyecto con el que la presidenta busca recaudar hasta dos billones de pesos
Zedryk Raziel - Elena San José - México - El País
El Gobierno de Claudia Sheinbaum necesita encontrar fuentes de recaudación para financiar los programas sociales, pilares de su proyecto y donde se mantiene un gran apoyo social, y las obras de infraestructura que planea. Para eludir la tantas veces rechazada reforma fiscal y el endeudamiento, el Ejecutivo ha encontrado una alternativa en la reforma a la Ley de Amparo que, potencialmente, le permitiría ingresar hasta dos billones de pesos más: el monto al que ascienden las deudas fiscales de grandes contribuyentes que se encuentran atoradas en los tribunales por la interposición de sucesivas impugnaciones. Ese objetivo se ha visto entrampado por los desencuentros entre facciones del oficialismo de los tres poderes, particularmente entre sus asesores jurídicos Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy, el senador Javier Corral y el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar.
Esos choques derivaron en que el Senado aprobara una reforma con una cláusula contraria al precepto constitucional que prohíbe la retroactividad de las leyes. La mandataria, que no incluyó este punto en su propuesta inicial, tuvo que dar un golpe sobre la mesa para evitar que un proyecto tan crucial para su Gobierno terminara descarrilando. EL PAÍS reconstruye, a partir de fuentes en la órbita de los involucrados, una semana en la que el cruce de agendas puso en jaque la iniciativa.

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