- "La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha." Michel de Montaigne.
Por: Éctor Jaime Ramírez Barba - El Economista
La cobertura universal de salud permanece como una promesa lejana en México, a pesar de las reformas institucionales y narrativas oficiales que celebran avances, mientras persiste una crisis estructural: millones continúan excluidos de servicios médicos, y el presupuesto federal apenas responde a los desafíos del siglo XXI. En el horizonte inmediato, La Ley de Ingresos de la Federación vaciará los "remanentes" del Fondo Nacional de Salud para el Bienestar y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 revela incrementos marginales en las asignaciones a la seguridad social, mientras los mismos datos oficiales muestran una expansión sostenida del gasto de bolsillo y un sistema público cada vez menos eficaz para proteger a los más vulnerables.
El problema central es la cobertura universal como derecho efectivo a la salud que establece la Carta Magna y los Tratados Internacionales. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2024) y el Reporte de Pobreza Multidimensional del INEGI (2025) documentan con precisión el núcleo de la crisis. Cerca de 30 millones de personas en México carecen de acceso a servicios públicos de salud, la mayoría fuera del sistema de seguridad social, excluidos de los mecanismos integrales de protección financiera y atención sanitaria. La transición institucional —del Seguro Popular al INSABI, luego al IMSS-Bienestar— no ha logrado mejorar este indicador fundamental. A pesar de una reducción global de la pobreza multidimensional, 44.5 millones de mexicanos permanecen sin acceso efectivo y, alarmantemente, 3.5 millones han caído en pobreza extrema a causa de gastos de salud, especialmente por medicamentos y atención privada.
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